El Decreto 450/2025 abre el comercio eléctrico, permite contratar proveedores privados y promete inversión privada en transporte: una reforma que sacude al sector energético
Argentina reconfigura su sistema energético. A través del decreto 450/2025 publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional desreguló el mercado eléctrico y habilitó una serie de reformas estructurales que impactan de lleno en usuarios, empresas y en el esquema de transporte de energía en todo el país.
Con esta medida, el Ejecutivo busca fomentar la competencia, la transparencia, la inversión privada y la eficiencia, eliminando trabas impuestas desde 2013 y desmontando décadas de intervención estatal directa en el funcionamiento del sistema.
Principales puntos del decreto: qué cambia en el mercado eléctrico
La reforma energética abarca cuatro ejes principales que redefinen el funcionamiento del sistema:
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Apertura total al comercio internacional de energía
Desde ahora, las operaciones de importación y exportación de energía eléctrica podrán realizarse sin restricciones arbitrarias.
El Estado solo podrá intervenir por razones técnicas o de seguridad en el suministro. -
Vuelve el contrato libre entre privados
Se restablece la posibilidad de que empresas y usuarios negocien libremente la compraventa de energía, un derecho que había sido limitado por regulaciones impuestas en la última década. -
Libre elección del proveedor eléctrico
Los usuarios finales podrán elegir con quién contratar la energía que consumen.
Esta medida promueve competencia y derriba monopolios regionales o trabas regulatorias. -
Facturas más claras y sin extras ocultos
Se prohíbe la inclusión de tributos locales y cargos no vinculados a servicios efectivamente prestados.
El usuario sabrá exactamente qué paga, cómo y por qué.
Inversión privada en infraestructura: nuevo plan para expandir el transporte eléctrico
El decreto va más allá de los contratos y la facturación. También impulsa un ambicioso plan de expansión del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
Se habilita a empresas privadas a desarrollar y financiar obras bajo esquemas de concesión, sin necesidad de respaldo estatal directo.
El objetivo: sumar 5.610 kilómetros nuevos de líneas eléctricas, lo que representa un incremento del 38,3% respecto de la red actual.
Esta expansión representa una inversión superior a los 6.600 millones de dólares y apunta a solucionar cuellos de botella históricos en la distribución energética, especialmente en zonas alejadas de los grandes centros urbanos.
Transición de 24 meses: implementación gradual pero firme
El decreto prevé un período de transición de 24 meses. Durante este tiempo, se deberá:
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Adecuar la normativa vigente
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Implementar nuevas reglas operativas
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Garantizar que los cambios no perjudiquen el suministro
El objetivo es que esta transformación sea ordenada, gradual y previsible, sin shocks bruscos para los consumidores ni el sistema.
Reorganización estatal: se unifican los entes ENRE y ENARGAS
En paralelo a esta desregulación, el Gobierno avanza en la fusión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), medida que busca reducir costos y burocracia.
El nuevo organismo aún no fue formalizado, pero se espera que actúe como regulador general del mercado energético, en línea con el nuevo paradigma