Abogado y Escribana de Villa Mercedes, Acusados de Intentar Estafar a una Familia y Manipular a la Justicia Federal
Agostina Acosta 
Los profesionales de Villa Mercedes, Juan Carlos Albarracín y Andrea del Valle Escudero Hernández, se acercan al juicio tras más de tres años de investigaciones y procesos judiciales que los involucraron en una serie de delitos graves. Ambos están acusados de intentar estafar a una familia por casi 19 millones de pesos, además de tratar de influir indebidamente sobre un juez federal a cambio de anular una causa que los vinculaba a un caso de lavado de dinero.
El caso comenzó a gestarse en julio de 2020, cuando la Policía de Buena Esperanza detuvo a una familia que viajaba en tres camionetas con una gran suma de dinero en efectivo (18.670.000 pesos) y armas de fuego. El incidente ocurrió en la autopista 55, cuando la familia regresaba de la provincia de Córdoba tras un fallido intento de compra de un campo. Al ser detenidos, los miembros de la familia fueron trasladados a la comisaría y la situación derivó en una investigación que, debido a la magnitud de los elementos encontrados, terminó en la Justicia Federal.
En ese contexto, Albarracín, abogado de la familia, intervino en la causa y se presentó en la comisaría para gestionar la liberación de los detenidos. Pero lo que parecía un acto de defensa legal, pronto se transformó en un entramado de acusación que vinculó al abogado con un intento de soborno al juez federal Juan Carlos Nacul, quien intervino en la causa. Según la acusación, Albarracín intentó sobornar a dos personas de San Luis para que ejercieran presión sobre Nacul con el objetivo de que la causa fuera archivada y el dinero incautado fuera devuelto.
La Fiscalía también sostiene que Albarracín no solo actuó en su propio beneficio, sino también en el de su pareja, Andrea del Valle Escudero Hernández, quien, como escribana, había participado en la compraventa del campo en cuestión. Para protegerla de posibles consecuencias legales relacionadas con su participación en esa transacción, Albarracín habría intentado manipular la justicia. La fiscalía señala que Escudero Hernández falsificó una escritura de la venta, indicando que la operación se realizó por un valor de 4 millones de pesos, cuando en realidad el acuerdo fue por casi 20 millones.
Los cargos que enfrentan ambos procesados son tumbas. Albarracín está imputado por “tráfico de influencias agravado”, “estafa procesal en grado de tentativa” y “falsificación de documento privado”. Por su parte, Escudero Hernández está acusado de “falsedad ideológica”, “estafa procesal en grado de tentativa” y “falsificación de documento privado”.
La defensa de Albarracín ha intentado retrasar el avance del caso, presentando planteos de nulidad que, hasta el momento, han sido rechazados por el juez Nacul. El abogado defendió que, entre septiembre y diciembre de 2023, Albarracín no tuvo representación legal durante varias audiencias, debido a que su abogado anterior se apartó del caso. Sin embargo, la petición no prosperó.
El juez Nacul, a cargo de los juzgados federales de Villa Mercedes y San Luis, ha determinado que el caso debe ser elevado a juicio. Con esto, se cerraría una etapa de investigaciones que comenzó en 2020 y que ahora se enfrenta al análisis y decisión de un tribunal federal. La acusación contra Albarracín y Escudero Hernández apunta a un caso de corrupción judicial y fraude, que pone en evidencia las tentativas de manipulación y la falsificación de documentos con el fin de eludir la justicia.
Ambos profesionales están actualmente procesados y embargados desde enero de este año, y se espera que el juicio marque un hito importante en este caso que involucra a miembros de la justicia y la abogacía en un entramado de delitos de gran envergadura.
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