Por Agostina Acosta 
Esta mañana se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos contra Cintia Ramírez, secretaria de Deportes, y Miguel Berardo, secretario General de la Gobernación de Alberto Rodríguez Saá. Ambos fueron imputados por tres hechos de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La audiencia, que se desarrolló en el marco de un estricto protocolo legal, concluyó con una serie de medidas cautelares: se dictó un embargo e inhibición de bienes por $87.500.000, se les impuso la obligación de firmar el libro de imputados durante cuatro meses y se les prohibió abandonar la provincia.
La causa se centra en la contratación directa de la empresa MyD Construcciones SRL, que recibió un adelanto de $88.270.000 para la construcción de dos canchas deportivas en la Universidad de La Punta. A pesar de que el proyecto tenía un costo total de $152 millones, la obra solo avanzó con el movimiento de suelos y la colocación de un alambrado, sin que se concretara la construcción de las canchas.
El abogado Santiago Calderón Salomón, jefe de la Sala Penal de Fiscalía de Estado, explicó a La Gaceta Digital que “en este caso, cuando se llega a una formulación de cargo es porque hay evidencias suficientes, un grado de probabilidad y varios elementos incorporados”. Calderón Salomón detalló que la empresa MyD Construcciones solo facturó al Ente de Deporte y que se han detectado transferencias a través de Mercado Pago realizadas por los propietarios de la empresa.
El abogado también subrayó que se realizaron tres contratos en violación de los reglamentos internos que establecen que cualquier contratación directa que supere los $5 millones debe contar con la firma del secretario de Gobierno, además de la de la secretaria de Deportes, Cintia Ramírez. “Los exfuncionarios autorizaron la obra a tres días de dejar el cargo y en el lapso de tres días pagaron el 70% del monto total”, agregó Calderón Salomón.
El abogado resaltó que se excedió el anticipo financiero permitido por la ley de obras públicas, que establece un tope del 30%, y que la totalidad del monto fue cancelado antes de la finalización de la obra, la cual no fue construida. Además, hizo hincapié en que al no realizarse ninguna licitación, se violó el principio de igualdad con otros posibles oferentes y proveedores del Estado, que no tuvieron oportunidad de participar en el proceso.
La audiencia y los cargos reflejan una creciente preocupación por la gestión de los fondos públicos y la transparencia en la contratación de obras, subrayando la necesidad de un control más riguroso en la administración de recursos estatales.
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