Agostina Acosta 
Este martes, el Poder Judicial celebró una nueva audiencia en el marco de la causa por la emisión de certificados apócrifos en la administración pública, un caso que sigue destapando una red de irregularidades. Durante la jornada, el Fiscal a cargo informó que se ampliaron los cargos contra una pareja previamente investigada y se ordenó su detención preventiva por 30 días. Además, se sumó a la causa una tercera persona implicada. Los cargos incluyen falsificación de documentos, asociación ilícita y fraude a la administración.
La investigación comenzó a principios de este año tras la denuncia de un médico que descubrió certificados emitidos a su nombre que él no había generado. Esto derivó en allanamientos en el domicilio de la pareja principal involucrada, donde se secuestraron pruebas que respaldaron las imputaciones iniciales. Sin embargo, a pesar de las medidas judiciales, los delitos continuaron. “Por eso solicitamos la prisión preventiva, ya que las acciones previas no fueron suficientes para detener el ilícito”, explicó el Fiscal, quien confirmó que los imputados ya fueron trasladados al Servicio Penitenciario. La detención inicial de 30 días podría extenderse si así lo determina la Justicia.
En esta etapa, se continúa con la recopilación de pruebas para avanzar hacia la acusación formal. Además, el Fiscal destacó que el caso no solo se limita a quienes fabrican los certificados falsos, sino también a quienes los utilizan, advirtiendo sobre las responsabilidades penales de estos últimos. “Aquellas personas que usaron estos certificados, conscientes de su falsedad, también están incurriendo en un delito”, enfatizó.
Paralelamente, las autoridades de Recursos Humanos del Gobierno de San Luis mantienen una revisión exhaustiva de la documentación presentada por los empleados. En casos confirmados de irregularidades, se procede a la cesantía o al inicio de sumarios administrativos para los agentes de planta permanente. “No puede ser lo mismo el que trabaja, que el que no. Hay que asumir la responsabilidad de los actos”, concluyó un representante de la dependencia.
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