Por Malena Acosta 
El nuevo estatuto de la Policía Federal Argentina permite patrullajes virtuales, requisas en vehículos y detenciones sin intervención previa de la Justicia. El gobierno libertario avanza con una agenda de seguridad cada vez más autoritaria.
El gobierno de Javier Milei oficializó este martes nuevas y polémicas facultades para la Policía Federal Argentina (PFA), que podrá realizar tareas de inteligencia criminal en redes sociales, detener personas e inspeccionar vehículos sin orden judicial previa. Así quedó plasmado en el Decreto 383/2025, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Según el nuevo Estatuto de la PFA, se habilita a los efectivos a llevar adelante «tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales», incluyendo redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas, sin necesidad de autorización judicial.
Aunque se menciona que estas prácticas deberán “respetar la protección de los datos personales, la libertad de expresión, la intimidad y la privacidad”, el decreto no establece ningún mecanismo de control o supervisión judicial previo o posterior, lo que encendió alarmas en sectores políticos y de derechos humanos.
Además, la normativa amplía las capacidades de detención: si una persona no puede acreditar fehacientemente su identidad y hay sospechas fundadas de que pudo haber cometido o podría cometer un delito, podrá ser demorada hasta 10 horas sin intervención de un juez. Este procedimiento —denunciado por organismos de DD.HH. como potencial herramienta de criminalización por portación de rostro o ideología— permitirá que los agentes conduzcan a la persona a una dependencia policial solo para verificar su identidad.
Otra modificación alarmante: la policía podrá requisar personas, objetos, vehículos, embarcaciones y aeronaves sin orden judicial, siempre que existan razones fundadas, según la interpretación del propio agente actuante.
Estos cambios se anunciarán oficialmente este martes a las 14 en un acto encabezado por Javier Milei y Patricia Bullrich en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en Palermo.
Desde el oficialismo se defiende la medida como parte de una política de “prevención integral del delito”. Sin embargo, referentes de la oposición y juristas advirtieron que se trata de un paso más hacia un Estado de vigilancia, donde el patrullaje digital sin garantías judiciales puede derivar en persecución ideológica o discriminación arbitraria.
Decreto 383/2025:
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