Por Agostina Acosta 
En un hecho histórico para la provincia, la Legislatura cordobesa aprobó por amplia mayoría la Ley de Ficha Limpia, una iniciativa que establece requisitos más estrictos para quienes aspiran a ocupar cargos públicos. Esta normativa, impulsada por el gobernador Martín Llaryora y consensuada entre distintas fuerzas políticas, prohíbe que personas condenadas en segunda instancia por delitos dolosos puedan ser candidatas.
El mandatario provincial celebró este avance en sus redes sociales, destacando que «es un logro de todos los cordobeses». Llaryora agradeció a los legisladores por su compromiso y reconoció la labor de Gastón Marra, quien ha sido un referente a nivel nacional en la promoción de esta iniciativa.
«Este resultado refleja el valor del diálogo y la construcción de acuerdos», afirmó Llaryora, subrayando la importancia de trabajar en conjunto por el bien común. «En Córdoba demostramos que es posible superar las diferencias partidarias y construir una política más justa y representativa».
La Ley de Ficha Limpia modifica el Código Electoral Provincial y establece que quienes tengan condenas firmes por delitos dolosos no podrán postularse a cargos electivos ni ejercer funciones públicas. Esta medida busca garantizar que quienes ejercen el poder cumplan con los más altos estándares de ética y transparencia.
El proyecto, que surgió de una iniciativa conjunta entre la UCR y el bloque de Hacemos por Córdoba, fue objeto de múltiples debates y modificaciones hasta alcanzar un consenso generalizado. Con el respaldo de 65 legisladores, la ley fue aprobada y se convierte en un hito en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Con esta normativa, Córdoba se posiciona a la vanguardia en la construcción de una política más transparente y comprometida con la sociedad. La Ley de Ficha Limpia sienta un precedente importante y podría inspirar a otras provincias a adoptar medidas similares.
La aprobación de la Ley de Ficha Limpia es un primer paso fundamental, pero aún queda mucho por hacer. Las autoridades provinciales deberán trabajar en la implementación efectiva de esta normativa y en la promoción de una cultura de transparencia y rendición de cuentas.
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