Por Malena Acosta 
El profesional Franco Mastronardi, integrante del cuerpo forense judicial de San Luis, habría firmado 97 certificados médicos psiquiátricos entre 2024 y 2025. El Gobierno presentó una denuncia penal por presunta falsedad ideológica e incompatibilidad funcional.
La Fiscalía de Estado de San Luis formalizó el 8 de abril un pedido de investigación penal contra el psiquiatra Franco Mastronardi, funcionario del Poder Judicial, por la presunta emisión irregular de certificados médicos destinados a justificar ausencias laborales de empleados públicos y docentes.
Según la presentación, Mastronardi habría firmado al menos 97 certificados entre enero de 2024 y marzo de 2025, acumulando un total de 2989 días de licencia. El promedio de días por certificado es de 30,8, una cifra considerada inusualmente alta por los organismos estatales.
Los dictámenes revelan que la mayoría de los certificados incluían diagnósticos similares —cuadros de pánico y agorafobia— con extensos periodos de reposo. Una situación llamó especialmente la atención: una empleada con licencia por agorafobia se encontraba de viaje en España durante el supuesto reposo médico. El profesional pidió que la junta médica fuera virtual, pero la mujer no se presentó, lo que derivó en su despido sin objeciones.
La hipótesis de una posible connivencia entre el médico y algunos beneficiarios fue plasmada en el requerimiento fiscal, que sugiere una “clara falsedad ideológica” en documentos oficiales.
Esta denuncia surge apenas diez días después de que una pareja fuera condenada a cinco años de prisión por vender certificados médicos truchos a empleados públicos. La causa involucró a más de 100 agentes estatales que fueron exonerados.
Además de la emisión de certificados, se investiga si Mastronardi incurrió en incompatibilidad funcional, según la Ley Orgánica de la Justicia. En su artículo 15, la norma prohíbe a los funcionarios judiciales ejercer profesiones liberales o mantener vínculos con peritos oficiales fuera del Poder Judicial.
El profesional está registrado como funcionario con rango de prosecretario en el Departamento de Ciencias Médicas del Cuerpo Profesional Forense, de acuerdo con registros oficiales del sitio siajus.justiciasanluis.gov.ar.
La denuncia se suma a una serie de irregularidades que ponen en tela de juicio los mecanismos de control sobre licencias médicas en el Estado provincial. La Fiscalía investiga si se produjo un perjuicio a la administración pública y si los certificados fueron utilizados para justificar ausencias remuneradas sin base médica real.
El caso se encuentra bajo análisis judicial y podría derivar en sanciones administrativas, penales y disciplinarias tanto para el profesional denunciado como para eventuales cómplices dentro del sistema estatal.
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