Por Agostina Acosta 
El Senado Nacional tomó una decisión histórica al expulsar al legislador entrerriano Edgardo Kueider bajo el cargo de «inhabilidad moral». La resolución fue adoptada por una amplia mayoría de 60 votos a favor, seis en contra y una abstención, tras el escándalo generado por su detención en Paraguay. Kueider, vinculado al gobierno de Javier Milei, fue arrestado al intentar ingresar al país vecino con más de 200 mil dólares y grandes cantidades de pesos argentinos y guaraníes sin declarar, ocultos en una mochila.
El caso no solo desató un terremoto político en el oficialismo, sino que también generó críticas hacia las instituciones encargadas de controlar los pasos fronterizos. En este contexto, los diputados socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein, representantes de Santa Fe, presentaron un proyecto de resolución exigiendo explicaciones a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por lo que calificaron como “fallas tumbas” en los operativos de Gendarmería Nacional.
Paulón y Fein no solo buscan que Bullrich rinda cuentas sobre la aparente «fragilidad y permeabilidad» de los controles fronterizos, sino que también cuestionan sus recientes declaraciones sobre la procedencia del dinero incautado al exsenador y las acusaciones de compra de votos relacionadas con la aprobación de la Ley Bases, un proyecto impulsado por el gobierno de Milei.
«Ahora que hablamos de Kueider y la sanción de la Ley Bases, queremos que la ministra Patricia Bullrich explique por qué los controles de frontera no detectan la ‘mochila mágica’ del (ex) senador y también que amplíe su admisión de compra de votos para aprobar la ley”, expresó Paulón en redes sociales.
En el proyecto presentado, los diputados denunciaron que las investigaciones preliminares sobre el caso han revelado patrones alarmantes. Según los legisladores, los viajes frecuentes y las transacciones ilícitas de los imputados ponen en evidencia serias debilidades en los sistemas de control fronterizo. Además, exigen detalles sobre las acciones preventivas que estarían implementando las fuerzas de seguridad en la frontera argentina para evitar situaciones similares.
El texto también resalta la «gravedad institucional» de las declaraciones de Bullrich, quien, además de admitir posibles sobornos para la sanción de leyes, no ha logrado justificar las irregularidades en los controles que permitieron que Kueider cruzara con grandes sumas de dinero sin ser detectado. .
La destitución de Kueider y el escándalo que la rodea han sacudido al gobierno de Milei, que enfrenta un creciente escrutinio público. Por su parte, la oposición busca capitalizar el caso para poner en jaque no solo a la ministra de Seguridad, sino también a las políticas del oficialismo en temas clave como la transparencia y la gobernabilidad.
Mientras el Senado cierra filas tras la expulsión del exsenador, en la Cámara de Diputados se espera un debate acalorado sobre el rol de las fuerzas de seguridad y la responsabilidad política del gobierno nacional en este caso. La ciudadanía, expectante, observa cómo este episodio pone en tela de juicio la ética y la eficiencia de las instituciones democráticas.
Visitas: 3