Por Malena Acosta 
El Ejecutivo reformó por DNU la ley migratoria 25.871. Se habilita el cobro en salud pública para extranjeros sin residencia permanente y se restringe el acceso a la nacionalidad.
El Gobierno nacional modificó por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 366/2025) la ley 25.871, que regula la política migratoria en Argentina. Las reformas, publicadas este jueves en el Boletín Oficial, incluyen medidas que restringen el acceso a la ciudadanía, endurecen las condiciones para la permanencia en el país y habilitan el arancelamiento del sistema de salud pública y universitario para personas extranjeras sin residencia permanente.
Entre los puntos más destacados, se establece que solo los extranjeros con residencia permanente podrán acceder a la atención médica pública en igualdad de condiciones con los ciudadanos argentinos. Para el resto, se exigirá la presentación de un seguro de salud o el pago previo del servicio, salvo en situaciones de emergencia.
En cuanto a la educación, el texto indica que los estudios universitarios de grado seguirán siendo gratuitos solo para argentinos y residentes permanentes. Las universidades de gestión estatal estarán facultadas para cobrar aranceles a quienes no cumplan con esas condiciones, aunque podrán otorgarse becas mediante convenios específicos.
Otro eje central del decreto es la reforma en las categorías de residencia. La Dirección Nacional de Migraciones podrá definir cambios de status migratorio, otorgar “residencias precarias” por hasta 90 días, y revocarlas si cambian las condiciones que justificaron su emisión. Estas residencias no contarán como base para solicitar ciudadanía ni demostrar arraigo.
Además, se establecen nuevos requisitos para obtener la residencia permanente, entre ellos, acreditar medios económicos suficientes y no poseer antecedentes penales. La reunificación familiar también fue acotada a vínculos directos (cónyuge, progenitores o hijos menores de edad o con discapacidad).
Pese a las restricciones, el decreto mantiene ciertas garantías: los extranjeros seguirán teniendo acceso a la educación primaria y secundaria, pública o privada, sin discriminación por su situación migratoria, y en casos de emergencia, no se podrá negar la atención sanitaria básica.
Organismos de derechos humanos y asociaciones de migrantes ya anticiparon posibles presentaciones judiciales contra la medida, al considerar que podría vulnerar principios constitucionales y tratados internacionales firmados por la Argentina.
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