Por Agostina Acosta 
El 5 de agosto marcó el inicio de una nueva era para el sistema judicial argentino con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en la jurisdicción de la Cámara de Casación de Mendoza, en la región de Cuyo. Este cambio, descrito como un «cambio de paradigma,» promete agilizar y simplificar los procesos judiciales mediante la implementación de investigaciones y juicios más rápidos y transparentes.
La ceremonia de presentación se llevó a cabo en el Centro de Congresos y Exposiciones ‘Ángel Bustelo’ de Mendoza, donde se dieron cita los principales actores del sistema judicial y político del país. El evento contó con la presencia del gobernador de San Luis, Claudio Poggi, junto con sus pares de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de San Juan, Marcelo Orrego. Fueron recibidos por el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, quien encabezó la reunión del Consejo Asesor Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal Federal.
La inauguración del acto se realizó a las 16:00 horas, y la apertura estuvo a cargo del gobernador Alfredo Cornejo. En su discurso, Cornejo destacó la importancia de las reformas judiciales en la convivencia pacífica de la región y en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. “La seguridad es una responsabilidad compartida entre la Policía, los gobiernos provinciales y los sistemas de justicia tanto nacionales como provinciales,” afirmó Cornejo.
El evento también reunió a figuras clave del Consejo, como el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky; el procurador general de la Nación, Eduardo Casal; la defensora general de la Nación, Estela Martínez; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el ministro de Defensa, Luis Petri. Cada uno de ellos compartió sus reflexiones y detalles sobre la implementación de la reforma en la región de Cuyo.
El nuevo Código Procesal Penal Federal introduce cambios significativos en el sistema judicial argentino. Entre las principales modificaciones se encuentran la incorporación de principios de celeridad, oralidad, publicidad y desformalización de las decisiones. Estos cambios buscan reducir la burocracia, aumentar la transparencia de los procesos judiciales y acelerar la resolución de casos complejos como el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y la corrupción.
Mariano Cúneo Libarola, durante su disertación, subrayó el compromiso del gobierno con una justicia más eficiente. “Todos queremos una Argentina con una justicia mejor, y para eso es fundamental cambiar la estructura judicial. Estamos avanzando y no vamos a parar. Lo vamos a hacer y lo vamos a lograr con los jueces, los fiscales y los funcionarios del distrito,” expresó Cúneo Libarola.
Luis Petri también destacó los resultados positivos obtenidos con el nuevo sistema en la provincia de Salta, donde el 90% de las causas se resuelven en un año, con un 86% de éxito, superando ampliamente los datos obtenidos bajo el sistema anterior.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cerró el acto con una reflexión sobre la importancia de estas reformas para la justicia en Argentina. “Es fundamental que los países avancen en reformas que ya han mostrado resultados positivos en provincias como Salta y Jujuy. Este sistema se detuvo durante cuatro años debido a la pandemia, pero ahora estamos en una nueva etapa,” indicó Bullrich. La ministra enfatizó que este cambio busca que la justicia esté al servicio de la comunidad, transformando la manera de administrar el Gobierno para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
El acto concluyó con una foto institucional que reunió a los integrantes del Consejo y a los gobernadores presentes.
En la provincia de San Luis, más de 200 integrantes de las fuerzas de seguridad y referentes de la justicia ya han recibido capacitación sobre los nuevos cambios del Código Procesal Penal Federal. Este proceso de formación abarca a la Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional, Policía de San Luis, Servicio Penitenciario y el ministerio de Seguridad provincial, marcando un paso importante hacia la unificación y optimización de los recursos judiciales en la región.
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