Por Hector Acosta 
El Sindicato de Judiciales Puntanos (SIJUPU) inició un plan de lucha el pasado lunes 6 de mayo, con un cese de actividades de 10 a 12 horas y quita de colaboración a partir de las 14 horas. Según anunciaron desde el sindicato, estas medidas se incrementarán en las próximas semanas si no hay una respuesta del Poder Ejecutivo.
En las últimas horas, se han realizado movilizaciones en las calles de la capital sanluiseña y Villa Mercedes para visibilizar la situación de los trabajadores del Poder Judicial. Estas acciones se mantendrán en ambas ciudades y se replicarán este viernes en los Tribunales de Concarán, con participación de representantes de toda la tercera circunscripción.
Luciano Cardarelli, secretario General de SIJUPU, informó que más del 60% del personal judicial se encuentra en situación de pobreza, con ingresos por debajo de la Canasta Básica. «Una persona que ingresa al Poder Judicial tiene un sueldo remunerativo total de 340.000 pesos aproximadamente. Los últimos valores de la línea de indigencia para una familia tipo de 4 personas es de $358.000, eso quiere decir que las dos categorías iniciales dentro del Poder Judicial están por debajo de la indigencia», agregó.
El Poder Judicial de San Luis, a pesar de contar con una ley de autarquía económica, depende del Tesoro Provincial para cubrir la totalidad de su presupuesto. Sin embargo, los empleados judiciales de San Luis fueron los únicos del país que no recibieron aumento salarial frente a la escalada inflacionaria, solo obtuvieron un bono único por parte del Superior Tribunal de Justicia. El último incremento que habían recibido fue en noviembre de 2023, hace ya seis meses. Según Cardarelli, los salarios, a nivel nacional, están entre los más bajos.
La falta de acción por parte del Gobierno Provincial generó tensión y preocupación en el ámbito laboral, pese a haber mantenido reuniones y de haber presentado el mes pasado el proyecto «Situación Actual del Poder Judicial y Propuesta Salarial», respaldado por los Colegios de Magistrados y Funcionarios.
Esta iniciativa busca recuperar el poder adquisitivo de los salarios, proponiendo, entre otras medidas, un bono no remunerativo para aquellos empleados que se encuentren por debajo de la línea de pobreza, según los índices actuales.
Además de las cuestiones salariales, otro de los ejes centrales del reclamo tiene que ver con la falta de crecimiento en la planta del Poder Judicial en relación con la cantidad de habitantes de la provincia, pese a estar aprobado el presupuesto 2024, que prevé cargos y nuevos ingresos. «La Justicia es un servicio que debe funcionar con personal suficiente y, actualmente, San Luis es una de las provincias con las que menos personal se cuenta», enfatizó una de las representantes del sindicato en la tercera circunscripción.
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