Por Agostina Acosta 
Mientras equipos de rescate continúan su incansable labor en el sitio del derrumbe del hotel Dubrovnik en Villa Gesell, la comunidad se encuentra en un estado de alerta y luto por las personas desaparecidas. A medida que avanza la búsqueda, la Justicia ha tomado medidas significativas al ordenar la detención de cuatro individuos vinculados a la obra que colapsó.
Los detenidos son dos contratistas y dos obreros que lograron escapar del lugar en el momento del derrumbe. Este caso, calificado como «estrago culposo agravado», está bajo la dirección de la fiscal Verónica Zamboni, conocida por su participación en la investigación del asesinato de Fernando Báez Sosa. En el marco de esta causa, también se investigan a dos arquitectos relacionados con el proyecto.
Los implicados han sido identificados como Sergio Daniel Paco Laura (33), capataz de la obra; su padre Celso Paco Pérez (66), de nacionalidad boliviana; Cosme Choque Juchani (28), igualmente boliviano y residente en Ostende, partido de Pinamar; y un individuo de apellido González, oriundo de Tucumán. La figura del «estrago culposo», contemplada en el artículo 189 del Código Penal argentino, castiga a quienes, por imprudencia o negligencia, causan daños que ponen en peligro la vida de personas. La pena puede variar entre un mes y cinco años de prisión, dependiendo de las consecuencias del hecho. Sin embargo, la posibilidad de que el derrumbe haya sido intencional ha sido descartada en esta etapa de la investigación.
En paralelo, la Municipalidad de Villa Gesell ha emitido un comunicado oficial en el que asegura que las obras en el hotel se realizaron sin la debida autorización. Las autoridades revelaron que los propietarios del inmueble fueron intimados por llevar a cabo modificaciones en la estructura de manera ilegal. Según el comunicado, la parte colapsada del edificio estaba en proceso de modificaciones irregulares que carecían de la aprobación municipal necesaria.
El 20 de agosto de 2024, la Dirección de Edificios Privados y Espacios Públicos de la Municipalidad había detectado y paralizado trabajos no autorizados en el interior de la propiedad. A pesar de la intimación, los propietarios solicitaron autorización para realizar únicamente tareas menores, como cambios de carpinterías y pintura interior. Sin embargo, la documentación presentada por la Municipalidad, que ha sido incorporada a la causa de la fiscal Zamboni, sugiere que los trabajos realizados excedían las modificaciones permitidas.
La situación ha generado una profunda preocupación en la comunidad local, que espera respuestas claras sobre las circunstancias del derrumbe y la suerte de los desaparecidos. Los rescatistas continúan trabajando sin descanso, mientras la Justicia avanza en su investigación para determinar la responsabilidad de quienes, al parecer, comprometieron la seguridad de un edificio que, en un instante, se transformó en un símbolo de tragedia en Villa Gesell.
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