Malena Acosta 
Las facultades de Derecho y Odontología fueron víctimas de una maniobra fraudulenta con transferencias electrónicas desde el Banco Nación. Hay 17 detenidos y continúa la investigación judicial.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) fue víctima de una millonaria estafa que ocasionó pérdidas por más de 1.591 millones de pesos, a partir de una serie de transferencias fraudulentas desde cuentas del Banco Nación. Las facultades de Derecho y Odontología fueron las principales afectadas por esta maniobra que ya tiene 17 personas detenidas y una causa judicial en curso a cargo del juez Sebastián Ramos.
El fraude se habría concretado en septiembre del año pasado, cuando los delincuentes lograron simular ser parte del personal de Tesorería de la universidad. Desde esa posición, emitieron diversas órdenes de transferencia bancaria a través del sistema MEP (Medio Electrónico de Pago), dirigiendo el dinero hacia cuentas de personas físicas y jurídicas inexistentes.
Según consta en el informe judicial, se identificaron al menos 13 transferencias que en total sumaron 1.591 millones de pesos. Además, los responsables de la estafa habrían intentado realizar tres transferencias adicionales por 341 millones de pesos, aunque estas no llegaron a concretarse.
Las órdenes de pago fueron presentadas primero mediante correos electrónicos, y luego en papel, transportadas por un supuesto cadete que entregaba notas con firmas falsificadas de los funcionarios habilitados para operar las cuentas. Los formularios incluían una dirección de correo falsa: [tesoreriarecursoshumanos@gmail.com](mailto:tesoreriarecursoshumanos@gmail.com), que fue utilizada como canal para gestionar y legitimar las operaciones.
Tanto la Universidad de Buenos Aires como el Banco Nación iniciaron investigaciones internas para esclarecer lo ocurrido. Mientras tanto, la Justicia avanza en determinar la posible existencia de cómplices dentro de las instituciones afectadas, así como el destino final del dinero robado.
El caso generó un fuerte impacto dentro de la comunidad universitaria y pone bajo la lupa los controles internos y los protocolos de seguridad en el manejo de fondos públicos.
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