Por Agostina Acosta 
La reciente fuga de Félix Ariel Tobares, un condenado a 17 años de prisión por varios delitos, ha desatado un intenso debate sobre los permisos extraordinarios otorgados por la Justicia de San Luis. Tobares, quien había sido beneficiado con un permiso de cuatro horas para visitar a un familiar en Villa Mercedes, aprovechó la oportunidad para escapar. Hasta el momento, las autoridades no han logrado dar con su paradero.
Tobares fue sentenciado hace un año tras unificar las causas en su contra. Su condena derivó de varios delitos cometidos mientras estaba en libertad condicional, incluyendo el asalto a un supermercado chino y una rotisería en una misma noche en Villa Mercedes. A pesar de su conducta cuestionable, documentada en los informes del Servicio Penitenciario Provincial con una puntuación de solo 5 puntos, que resultó en la denegación de salidas previas, la jueza Nora Graciela Villegas, del Juzgado de Ejecución de lo Penal en la Segunda Circunscripción, decidió otorgarle el beneficio de visita. En febrero, Tobares ya había recibido un permiso similar para ver a su madre.
La fuga de Tobares ha puesto de relieve los costos y la movilización de recursos que implican estos permisos. Cada salida no solo involucra gastos públicos en movilidad y recursos humanos, sino que también plantea cuestionamientos sobre la eficacia de los controles judiciales.
Durante el mes de agosto, la Justicia ha concedido un total de 25 permisos extraordinarios, la mayoría de ellos destinados a fortalecer los lazos familiares. De estos, 24 se han otorgado en Villa Mercedes. Tobares, quien se encontraba en la cárcel de máxima seguridad de Pampa de las Salinas, a unos 226 kilómetros de Villa Mercedes, es un ejemplo de cómo estos permisos pueden ser utilizados de manera inadecuada.
Además de los permisos extraordinarios, la práctica común incluye salidas regulares, que en promedio suman alrededor de 20 detenidos por día. En un solo día del presente mes, se registraron 17 salidas del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) que involucraron a 25 internos. Esta cifra sugiere que aproximadamente 600 detenidos podrían salir mensualmente por diversos motivos.
Entre las razones más frecuentes para estos permisos se encuentran consultas médicas, visitas a odontólogos privados, y trámites bancarios. Se han documentado casos en los que los internos acuden a fisioterapia, laboratorio, tratamientos dermatológicos e incluso procedimientos estéticos, como cirugías bariátricas.
La fuga de Tobares ha puesto en evidencia la necesidad de revisar y optimizar el sistema de permisos para evitar futuros incidentes y garantizar la seguridad pública, mientras que los ciudadanos y funcionarios se cuestionan la administración de justicia y el uso de los recursos estatales.
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