Por Hector Acosta 
Martín Bastías, aspirante a concejal del PJ en La Punta, aparece envuelto en un oscuro y millonario negocio inmobiliario con viviendas sociales. Compras sospechosas, refacciones idénticas, ventas rápidas, tasas impagas y una posible usurpación componen el rompecabezas de una trama que indigna a toda la provincia.
En una provincia donde conseguir una vivienda social es una quimera para miles de familias, un hombre logró lo impensado: acumular propiedades destinadas a los sectores más vulnerables, convertirlas en un negocio millonario y posicionarse como candidato a concejal con el respaldo del poder político más longevo de San Luis. Su nombre: Martín Bastías. Su mentor: Alberto Rodríguez Saá. su llegada a la politica es en pos de obtener mas impunidad…
Lo que comenzó como un rumor en los barrios hoy toma forma de escándalo. Bastías compró, remodeló y vendió casas sociales como si se tratara de bienes privados heredados de una fortuna familiar. Pero no hay herencia ni inversión legítima: lo que hay es una red de maniobras inmobiliarias con viviendas públicas, construidas con el esfuerzo de generaciones de puntanos que aún hoy siguen esperando.
¿Dónde estaba el Estado mientras todo esto ocurría? ¿Dónde están los organismos de control que debieran garantizar que las viviendas sociales no terminen en manos de oportunistas? ¿Y por qué, hasta ahora, ninguna autoridad provincial se atrevió a iniciar una investigación de oficio?
Las pruebas son claras. Bastías operó con total impunidad en distintos puntos de La Punta y San Luis. En el Barrio 500 Viviendas Sur, adquirió y refaccionó una propiedad sobre el boulevard central. Lo mismo hizo en el Barrio 900 Viviendas, manzana 2, sobre calle Libertador San Martín. Las reformas son idénticas, repetidas, casi como si se tratara de un modelo en serie. También aparecen en su historial departamentos en calle La Rioja al 2100 en la capital puntana, y una grave denuncia por usurpación en el Barrio José Hernández.
Todo esto se hizo sin pagar tasas municipales, al igual que su jefe político, Rodríguez Saá, quien también tiene antecedentes por incumplir sus obligaciones fiscales. ¿Es este el ejemplo que pretenden dar desde el PJ? ¿Funcionarios que no tributan, candidatos que lucran con lo que debería ser un derecho esencial, y un aparato político que calla?
En el PJ de La Punta nadie se atreve a explicar cuál es la verdadera ocupación de Bastías, ni cómo construyó semejante capital en tan poco tiempo. “No trabaja, pero tiene casas por todos lados. Y ahora quiere entrar al Concejo”, declaró una fuente partidaria con indignación y resignación.
Lo más grave no es solo el accionar de Bastías. Lo más grave es el silencio cómplice de las autoridades, la pasividad del gobierno provincial, la falta de fiscalización y la absoluta ausencia de justicia. ¿Ninguna fiscalía se va a interesar en esto? ¿Ningún organismo va a auditar el uso de propiedades públicas?
Estamos frente a un caso paradigmático de impunidad estructural, donde las necesidades de la gente son usadas como moneda para hacer negocios personales, y el poder mira hacia otro lado.
La pregunta es inevitable: ¿cuántos funcionalrios más están haciendo lo mismo? ¿Y hasta cuándo vamos a seguir naturalizando que quienes aspiran a representarnos vivan de esquilmar al pueblo?
La historia de Martín Bastías no es solo un escándalo de campaña. Es el reflejo de una provincia donde los valores están invertidos, donde el mérito no está en trabajar, sino en especular, y donde, tristemente, el Estado ha dejado de ser garante de justicia para convertirse en garante de impunidad.
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