Por Hector Acosta 
El gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, ha generado un nuevo escenario de tensiones con las provincias debido a la detención de las transferencias a las cajas jubilatorias especiales. Esta medida, implementada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), afecta los giros que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) efectúa a 13 cajas de jubilaciones no transferidas a la Nación.
Las partidas, que estaban contempladas en el presupuesto nacional, eran destinadas a provincias de diversas afiliaciones políticas, entre ellas Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra. del Fuego y Corrientes. Hasta diciembre del año pasado, estas provincias recibieron los fondos sin actualizaciones, incumpliendo así la legislación que establece ajustar su monto con el índice de movilidad jubilatoria.
Sin embargo, desde enero, la Casa Rosada ha dejado de girar fondos, ni siquiera a los valores históricos, generando una deuda acumulada respaldada por la ley. Esta situación impacta significativamente en las finanzas provinciales, ya que lo que no aporta la Nación debe ser cubierta por los tesoros provinciales.
Se prevé que esta decisión pueda desembocar en nuevas judiciales, dado que algunos distritos han llevado casos similares ante la Corte Suprema de Justicia en el pasado. Entre las provincias que han protestado públicamente por esta medida se encuentra Santa Fe. El gobernador Maximiliano Pullaro ha denunciado el DNU como una «apropiación indebida de fondos», mientras que su secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, lo ha calificado como «otra trastada del Presidente».
Según Boasso, la Nación adeuda a Santa Fe alrededor de 700.000 millones de pesos, lo que podría haber sido destinado a importantes obras en la provincia.
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