Gobierno de San Luis Investiga Venta de Certificados Médicos Falsificados: 83 Empleados Públicos Involucrados
Agostina Acosta 
Este viernes, Alberto Sibert, director de Recursos Humanos, y Víctor Endeiza, Fiscal de Estado, brindaron detalles sobre la investigación que el Gobierno de San Luis lleva adelante tras recibir una denuncia por la venta y uso de certificados médicos falsificados. Estos documentos habrían sido presentados para justificar ausentismo laboral de manera ilícita, afectando a numerosos empleados públicos.
Según los funcionarios, hasta el momento se han identificado 83 empleados públicos que utilizaron estos certificados apócrifos. Los documentos falsificados, que comenzaron a circular en noviembre de 2022, fueron hallados en diversas áreas del gobierno, incluyendo Seguridad (10 casos), Salud y Carrera Sanitaria (12), Educación (9) y el escalafón general (52).
Sibert anunció que los empleados que adquirieron estos certificados fraudulentos verán descontados los haberes correspondientes a los días de licencia obtenidos de forma ilegal. “Vamos a determinar las medidas que correspondan en cada caso para demostrar que esto es algo grave”, subrayó el director de Recursos Humanos.
En cuanto a los responsables de la falsificación y comercialización de los certificados, los funcionarios confirmaron que ya han identificado a una pareja involucrada en el delito. Uno de los implicados es un empleado de planta permanente del gobierno, contra quien se iniciará un procedimiento judicial y administrativo. “Estamos revisando cajas y cajas de certificados para rastrear el alcance de este fraude. Los documentos que hemos encontrado presentan coincidencias en los nombres, sellos, la letra, el membrete e incluso las firmas. En algunos casos, se cambiaron las matrículas médicas, pero en otros no”, explicó Sibert.
El proceso de investigación también reveló que el encargado de la venta de los certificados utilizaba los sellos de tres médicos, dos de los cuales ya han sido contactados por Recursos Humanos. En un caso, uno de los médicos involucrados, que reside en Merlo, declaró que no tenía conocimiento del uso de su sello y que, de hecho, no atendía en San Luis desde hace más de diez años.
Por su parte, el Fiscal de Estado, Víctor Endeiza, adelantó que se convocará a una audiencia dentro de dos semanas para definir las medidas judiciales correspondientes. La imputación incluirá fraude en perjuicio de la administración pública y falsificación de documentos oficiales. “El Estado es la víctima en este caso, ya que se han pagado sueldos de manera indebida. Vamos a pedir la prisión preventiva para los implicados, especialmente porque, a pesar de haber sido allanados en junio de este año, continuaron con su actividad ilegal”, expresó Endeiza, visiblemente indignado por la situación.
Los detalles de la operación también incluyen que los certificados eran vendidos a precios que llegaban hasta los 8.000 pesos, con «delivery» incluido, lo que refleja la magnitud y organización del fraude.
Este caso ha generado gran alarma entre las autoridades, quienes consideran que el comportamiento de los responsables es una burla a la justicia y una afrenta a los sanluiseños. El Gobierno de San Luis continúa con la investigación para garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.
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