Por Natalia Ciliento 
La Justicia Federal dictó el procesamiento con prisión preventiva a los cabecillas de dos redes narco que distribuían cocaína en Villa Mercedes y Merlo. Se trata de un total de 19 imputados.
La lucha contra el narcotráfico en San Luis dio un paso firme esta semana con el procesamiento de 19 personas acusadas de integrar dos organizaciones criminales dedicadas a la distribución de cocaína en distintos puntos de la provincia. La resolución fue firmada por el juez federal Juan Carlos Nacul y se extiende por más de 80 páginas, en las que se detalla la estructura y operativa de las bandas.
Entre los principales procesados se encuentran Diego “El Gaucho” Funes, señalado como el líder de un clan familiar que operaba en Villa Mercedes, y Juan Carlos Insúa, ex sindicalista de la carne, acusado de liderar otra organización con base en Merlo. Ambos fueron procesados con prisión preventiva por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes en modalidad de comercialización, agravado por la participación organizada de tres o más personas, de acuerdo con la Ley 23.737.
A Funes se le atribuye la conducción de una red que distribuía semanalmente hasta seis kilos de cocaína. La organización incluía a familiares directos como su esposa, hermanos y cuñados, que cumplían roles específicos: manejo de dinero, almacenamiento de droga, logística y distribución en “bocas de expendio” ubicadas en distintos barrios.
Por su parte, Insúa fue identificado como el nexo con un cártel peruano con base en Buenos Aires. Según la investigación, adquiría la droga en Capital Federal y la ingresaba a San Luis con la colaboración de su hijo, Juan Cruz Insúa, y otros miembros de su círculo cercano. En el circuito también participaban revendedores y encargados de logística, algunos de ellos con vínculos laborales en empresas nacionales.
De los 19 procesados, 17 seguirán detenidos en el Servicio Penitenciario Provincial, mientras que dos mujeres cumplirán arresto domiciliario: una por embarazo y otra por estar en período de lactancia. Todos fueron embargados por la suma de 52 millones de pesos.
Desde la Justicia resaltaron la solidez de las pruebas recolectadas, que incluyen escuchas telefónicas, seguimientos, allanamientos y testimonios clave. Las condenas para los delitos imputados oscilan entre los 8 y 20 años de prisión.
El avance de la causa marca un hito en la respuesta judicial al narcotráfico provincial y deja en evidencia la complejidad y alcance de las redes que operan en el interior del país.
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