Por Agostina Acosta 
El fiscal federal Ramiro González ha ordenado la apertura de una investigación sobre Ayelén Mazzina, ex ministra de Mujeres, Género y Diversidad, a raíz de una denuncia presentada por la ex primera dama Fabiola Yañez. La denuncia acusa a Mazzina de no haber brindado la asistencia adecuada cuando Yañez le reveló que estaba sufriendo maltratos por parte del entonces presidente Alberto Fernández. La ex ministra podría enfrentar cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según el dictamen del fiscal, Fabiola Yañez relató que durante un viaje a Foz de Iguazú, Brasil, realizado en compañía de Mazzina, le mostró a la entonces ministra los golpes que había recibido de Fernández. En ese momento, Yañez expresó su deseo de abandonar la residencia presidencial en Olivos. Sin embargo, la respuesta de Mazzina fue limitada, consistiendo en un comentario de apoyo sin tomar medidas concretas en relación con el maltrato. El dictamen instruye que se forme un legajo de investigación por separado sobre este hecho.
En su escrito presentado este lunes, Yañez acusó directamente a Mazzina de violencia institucional, señalando que no solo la secretaria de la ministra, María Cantero, estaba al tanto de la situación, sino también Mazzina misma, quien fue designada por Fernández para el cargo de ministra de Género, un área que se suponía era una de las prioridades de su administración.
Por su parte, Mazzina ha negado enérgicamente tener conocimiento de los supuestos maltratos. En una nueva publicación en la red social X, la ex ministra reafirmó su postura: “Lo dije y lo sostengo: nunca estuve al tanto de la situación de violencia denunciada por la Ex Primera Dama. Me pondré a disposición de la Justicia, que es quien debe investigar, porque no puedo permitir una falsedad sobre lo que sucedió ni que se banalice la violencia de género.”
La investigación en curso marcará un nuevo capítulo en el caso, mientras se espera que la Justicia aclare el papel de Mazzina y determine si se cumplieron las obligaciones establecidas para los funcionarios públicos en casos de denuncia de violencia.
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