Por Agostina Acosta 
El presidente argentino, Javier Milei, ha generado un nuevo foco de debate con la reciente promulgación del Decreto 1081/2024, que baja la edad mínima para portar armas de fuego en Argentina de 21 a 18 años. La decisión, publicada este martes en el Boletín Oficial, refleja la alineación irrestricta del mandatario con las políticas más conservadoras a nivel global, como las impulsadas por Donald Trump en Estados Unidos, quien también ha defendido la libre portación de armas, a pesar de los evidentes riesgos asociados.
El decreto modifica la ley nacional 20.429 de armas y explosivos, una legislación histórica que regía las condiciones para la posesión y el uso de armas en el país. Según el nuevo artículo, el Gobierno de Milei justifica esta modificación bajo el argumento de que la mayoría de edad en el Código Civil y Comercial de la Nación se establece a los 18 años, y que, por ende, corresponde reconocer esa misma edad como la mínima para ser considerado legítimo usuario de armas de fuego.
La medida llega en un contexto donde Milei, que no ha logrado el consenso necesario en el Congreso para avanzar con una reforma de mayor calado en esta materia, optó por esta vía alternativa a través de un decreto presidencial. Así, sin esperar la aprobación legislativa, el mandatario resolvió modificar la normativa de forma unilateral, provocando reacciones diversas tanto en la sociedad como en el ámbito político.
El decreto establece que, para portar armas, los ciudadanos deben cumplir una serie de requisitos adicionales. Entre ellos, deben ser mayores de 18 años, no presentar trastornos psíquicos o físicos que los incapaciten para la tenencia de armas, y acreditar su identidad y antecedentes ante las autoridades policiales competentes. Además, se especifica que, en casos necesarios, se podrá exigir un certificado médico para verificar la aptitud de la persona para manejar armas de fuego.
Este cambio en la normativa, que habilita a los ciudadanos jóvenes a ser usuarios legítimos de armas, está generando un profundo debate en Argentina, especialmente ante las preocupaciones sobre los efectos de la mayor disponibilidad de armas en la seguridad pública. Aunque Milei ha argumentado que se trata de una forma de garantizar la libertad individual, diversos sectores críticos advierten sobre los riesgos de aumentar la circulación de armas en un contexto donde la violencia y el crimen organizado ya constituyen problemas importantes.
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