En apenas meses, San Luis fue escenario de muertes evitables de personas en situación de calle. Pero el drama no es nuevo. Es un relato viejo, heredado, empapelado con promesas, políticas parches y el oportunismo más rastrero. El verdadero crimen no es solo la indigencia: es la indiferencia estructural que la sostiene.
El 25 de mayo de 2025, la ciudad de San Luis despertó con una noticia que debería haber estremecido hasta al más indiferente: un hombre en situación de calle fue hallado muerto cerca del correo. Era una mañana fresca, apenas pasada la vigilia patria, pero ese cuerpo helado y solo representaba más que una tragedia puntual. Era un símbolo. Otra vez.
Unos meses antes, el 22 de agosto de 2024, otro hombre fue encontrado sin vida en el interior de un cajero automático. Las imágenes de esa escena circularon en medios y redes con una mezcla de morbo, indignación y oportunismo. El mensaje era claro: la calle sigue matando. Pero también sigue vendiendo clicks. Y esa es la parte más obscena.
El recuento no termina en San Luis. El 26 de enero de 2025, en Mendoza, un cuerpo apareció en plena Plaza Independencia, presuntamente por causas naturales. La muerte en la intemperie se ha vuelto una postal extendida del país que vivimos. Como si dormir en la calle y morir sin nombre ni techo fuera una opción. Como si el frío no fuera violencia.
La pobreza ya no se puede tapar
Un año antes, en agosto de 2024, una investigación estremecía aún más: al menos 135 personas en situación de calle habían muerto en la Argentina en el último año, según organizaciones y universidades que decidieron hacer el trabajo que el Estado no hace: contar. Contar para visibilizar. Contar para resistir. Contar porque no hacerlo es permitir que la desidia se convierta en costumbre.
Mientras tanto, en San Luis, el aumento de personas en situación de calle ya era calificado como “alarmante”. El problema dejó de ser un fenómeno marginal: ya no se escondía en las periferias de la ciudad. Dormía en las plazas, en los bancos, en los portales de los bancos. A la vista de todos.
Pero esto, claro, no es nuevo. Ya en junio de 2023, la prensa local advertía sobre el crecimiento sostenido de personas sin hogar en la capital puntana. No hubo entonces ni mesa interministerial, ni emergencia declarada, ni escándalo nacional. Solo números. Cifras que se repiten, duermen en el archivo y se despiertan cada vez que un muerto vuelve a sacudir el almanaque.
Un Estado que llega tarde… y a medias
No todo fue omisión. En 2019, se abrieron dos hogares de tránsito en San Luis para personas en situación de calle. Una buena noticia, sí. Pero insuficiente. No solo por la capacidad limitada, sino por lo reactivo de la medida. La política pública llega cuando la prensa explota, no antes. Llega como parche, no como transformación.
¿Y entonces? ¿Es solo culpa del actual gobierno provincial? ¿De la nueva gestión municipal? ¿Del clima polar? ¿Del precio del alquiler?
No. La respuesta es más incómoda: esto es un arrastre. Un problema estructural de más de 20 años. Una deuda que ningún gobierno ha querido pagar. Porque los que viven en la calle no votan. Porque no tienen domicilio. Porque no hacen lobby. Porque no cortan rutas. Porque no les importa a nadie hasta que se mueren en un cajero.
La indignación selectiva
Hacer prensa con las desgracias es un acto miserable cuando no se hace con contexto ni con propuesta. No sirve publicar fotos de cadáveres sin denunciar las políticas que los empujaron a ese lugar. No sirve indignarse en redes si no se interpela a la dirigencia que reproduce esta lógica cada día.
San Luis —como muchas provincias argentinas— sufre una enfermedad que no se resuelve con frazadas ni con asistencialismo episódico. Se resuelve con políticas de vivienda, con trabajo genuino, con atención integral, con presupuesto real y con voluntad política.
Hasta entonces, las muertes seguirán acumulándose. El invierno seguirá matando. Y los medios seguirán contando cuerpos como si fueran estadísticas del tiempo.
Pero la calle no espera.
Redacción Natalia Ciliento
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