Este miércoles, la Cámara de Diputados de San Luis aprobó definitivamente la creación de una Comisión de Análisis del Sistema Electoral y Protocolo de Traspaso de Mando, un paso crucial en la modernización del régimen electoral provincial y la mejora de la transición entre administraciones. El proyecto de ley, que ya contaba con media sanción del Senado, busca abordar las inconsistencias en la legislación electoral y garantizar una mayor transparencia y eficiencia en los procesos de selección de autoridades.
La nueva Comisión será responsable de evaluar tanto el régimen electoral provincial como el municipal, considerando la implementación de sistemas como el voto electrónico y la boleta única de papel, y revisando la confiabilidad de los padrones electorales. Además, tendrá la tarea de desarrollar un protocolo de traspaso de mando que asegure una transición ordenada, transparente y predecible entre administraciones, con el objetivo principal de no perjudicar a los ciudadanos.
Eugenia Gallardo, diputada por Pueyrredón, destacó la importancia histórica de esta reforma. “Desde nuestro bloque estamos convencidos de que estamos viviendo un hecho histórico, porque le pone punto final a un modelo que hizo cambios en las leyes electorales y las fue acomodando de acuerdo a sus propias necesidades, las del partido gobernante, que buscaba básicamente eternizarse en el poder”, explicó Gallardo, al fundamentar la necesidad de la Comisión.
Legisladores de ambas cámaras coincidieron en que esta reforma es particularmente relevante en un año sin elecciones, ya que permitirá garantizar la transparencia y evitar cualquier sospecha de manipulación de las reglas del juego con fines políticos. “Estamos convencidos de que tenemos que eliminar el arcaico sistema al que se recurrió, la Ley de Lemas. Esto es algo que se va a proponer para que se debata en la comisión. Todos se acuerdan del cuarto oscuro, que tendía más a equivocar al elector, a llevarle poca claridad”, añadió Gallardo.
La Comisión estará integrada por representantes de ambas cámaras y miembros del Poder Ejecutivo, y tendrá la facultad de convocar a diversos actores sociales y políticos de la provincia. Esto incluye partidos políticos, miembros del Poder Judicial, legisladores nacionales, provinciales y municipales, intendentes, asociaciones civiles, colegios profesionales y universidades públicas o privadas.
Gallardo también subrayó la importancia de consensuar un protocolo para el traspaso de mando que establezca limitaciones en la toma de decisiones del gobernante saliente, con el fin de proteger las arcas públicas, que están conformadas por el dinero de todos los sanluiseños. “Aún estamos pagando las consecuencias de la soberbia, el egoísmo y la avaricia del gobernante que terminó su gestión el 10 de diciembre y tuvo seis meses para generar un tremendo caos en la provincia, dejándola en bancarrota. Lo pudimos experimentar cada uno de los sanluiseños con todo lo que aconteció después del 11 de junio del 2023. Tuvimos la experiencia de no haber transitado este cambio ordenado”, enfatizó la diputada.
“La experiencia nos dejó muy claro que tenemos que diseñar mecanismos de traspaso, garantizar a través de un protocolo que se ordenen estas transiciones de gobierno, que no quede en la voluntad del gobernante si quiere o no quiere brindar información. Una de las obligaciones de este protocolo debe ser contemplar el acceso a la información, para que el gobierno que entre tenga acceso a toda la información necesaria y pueda asumir sus funciones de manera efectiva desde el primer día”, concluyó Gallardo.
La creación de esta Comisión marca un avance significativo hacia una reforma electoral más moderna y eficiente en San Luis, con el potencial de mejorar la transparencia y la eficacia en los procesos democráticos de la provincia.
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