
El jefe de la Policía de San Luis, Pablo Vieytes, realizó fuertes críticas a la Justicia en una conferencia de prensa en la que expuso la falta de respuestas del Poder Judicial ante la reincidencia delictiva. Respaldado por Rafael Berruezo, director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, denunció que la mayoría de los detenidos por delitos flagrantes quedan en libertad en pocas horas, lo que desmoraliza a las fuerzas de seguridad y genera indignación en la sociedad.
Según Vieytes, en los últimos seis meses se detuvieron a 1.169 personas por delitos evidentes, pero solo 188 recibieron prisión preventiva, lo que representa apenas el 16,8% de los casos. «No escatimamos recursos, estos son datos, no relatos», aseguró el jefe policial, quien se mostró frustrado por la situación y explicó que la prisión preventiva solo puede durar hasta 120 días, sin garantizar una condena efectiva.
Para ejemplificar el problema, relató el caso de un delincuente ficticio llamado «Juan Pérez», quien fue detenido en reiteradas ocasiones por robos y agresiones, pero en cada instancia recuperó la libertad en cuestión de días. «La Policía cumple con su labor, pero la ciudadanía merece respuestas», sostuvo Vieytes, advirtiendo que esta situación afecta la moral de los efectivos policiales.
Por su parte, Berruezo criticó que los fiscales no estén aplicando la Ley de Reiterancia, aprobada por la Legislatura para endurecer las sanciones contra reincidentes. «Tal vez no tengan la versión actualizada del Código», ironizó el funcionario, subrayando que la problemática no se debe a la falta de plazas carcelarias, sino a la inacción judicial.
Vieytes también cuestionó el abuso de las prisiones domiciliarias, que generan un desgaste operativo para la Policía al requerir custodias constantes. «Una consigna por turno implica cuatro efectivos, quitando recursos de la prevención del delito», explicó.
Ambos funcionarios hicieron un llamado a la Justicia para trabajar en conjunto con el Ministerio de Seguridad y la Policía, remarcando que la falta de acción judicial afecta a toda la comunidad. «Si no quieren venir a hablar, nosotros estamos golpeando su puerta con estos 1.169 casos», sentenció Berruezo, quien destacó la labor de algunos fiscales comprometidos, pero lamentó que muchos otros no estén a la altura de la problemática.
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