Por Agostina Acosta 
Este jueves, el Secretario de Ética Pública y Control de Gestión, brindó una conferencia de prensa en la que detalló la vigencia y aplicación de la Ley de Ejemplaridad y Coherencia, una norma que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos anuales para los funcionarios de los tres. poderes del Estado, un paso significativo para garantizar la transparencia y la ética en la gestión pública.
Según Bazla, la nueva ley tiene como objetivo principal detectar la presencia de drogas ilegales en el organismo de los funcionarios públicos, así como prevenir el consumo excesivo de sustancias legales. Además, asegura que los funcionarios desempeñen sus funciones en plenitud de sus capacidades. «La ética pública consiste en un conjunto de normas deseables para lograr un buen Gobierno, por ello estamos comprometidos con la transparencia y la aplicación de normas éticas», expresó el funcionario en su discurso.
Con esta legislación, se busca prevenir situaciones que comprometan la objetividad y el rendimiento de los funcionarios en el ejercicio de su cargo, asegurando que las decisiones gubernamentales se tomen con plena capacidad mental y sin la influencia de sustancias.
La Ley de Ejemplaridad y Coherencia abarca a una amplia variedad de funcionarios, incluidos los miembros de los tres poderes del Estado, legisladores, personal de seguridad y salud. El Secretario detalló que, en términos generales, la ley afecta a cerca de 10.000 personas, entre los que se incluyen más de 5.800 efectivos policiales, personal del Servicio Penitenciario, trabajadores del sector salud, funcionarios del Poder Ejecutivo, y legisladores de ambas cámaras, así como a integrantes del Poder Judicial, como jueces, fiscales y defensores.
Este amplio alcance refleja la importancia de la norma, cuyo objetivo es garantizar que todos los sectores clave de la administración pública se sometan a este control preventivo, lo que permite mantener altos estándares de responsabilidad y ética en la gestión estatal.
En cuanto a las consecuencias de no cumplir con la ley, Bazla precisó que los funcionarios que se nieguen a someterse a los exámenes o que presenten medidas positivas en las pruebas podrían enfrentar varias. Entre las sanciones contempladas se encuentran la cesación inmediata de funciones o, en su caso, la apertura de un jurado de enjuiciamiento.
El procedimiento para realizar los exámenes toxicológicos será riguroso y estará a cargo de la Universidad Nacional de San Luis, una institución externa al ámbito del Estado provincial, lo que asegura la independencia y objetividad de los resultados. Las pruebas serán aleatorias y se realizarán anualmente, lo que significa que no habrá un cronograma fijo, sino que la selección de los funcionarios se llevará a cabo de forma transparente y equitativa.
La confidencialidad de los resultados es un aspecto fundamental de esta ley. Según lo estipulado, toda la información obtenida durante las pruebas será tratada con estricta reserva, conforme a la Ley Nacional de Protección de Datos Personales, para garantizar la privacidad de los funcionarios involucrados.
En caso de que se detecte la presencia de sustancias ilegales en el organismo de algún funcionario, se tomarán medidas correctivas, como la suspensión temporal de funciones, el otorgamiento de licencias o incluso el cese del cargo, conforme a la legislación vigente y la Constitución provincial. .
La implementación de la Ley de Ejemplaridad y Coherencia marca un avance importante en la lucha por la transparencia en el gobierno, al establecer mecanismos claros para garantizar que los funcionarios públicos se desempeñen con los más altos estándares de integridad. Con el respaldo del Secretario de Ética Pública y Control de Gestión, esta iniciativa apunta a consolidar una gestión pública libre de influencias indebidas y basada en principios éticos sólidos.
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