Por Redacción 
Este martes, los ministros de Economía provinciales se reunirán con Hacienda para exigir una nueva ley de reparto más justo. El reclamo tiene apoyo transversal y podría llegar al Congreso.
Este martes 1° de julio será una jornada clave para el federalismo argentino. En la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), los ministros de Economía de las 24 jurisdicciones —las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— mantendrán una reunión decisiva con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para exigir un nuevo esquema de distribución de recursos.
El reclamo, que suma apoyo transversal más allá de las banderas políticas, busca modificar la distribución del impuesto a los combustibles líquidos y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Los funcionarios provinciales ya redactaron un borrador de proyecto de ley conjunto, cuyo objetivo es reemplazar los actuales fondos fiduciarios por un sistema más transparente y basado en los coeficientes de coparticipación vigentes, tanto en su reparto primario como secundario.
En un contexto de ajuste nacional, caída del consumo y baja recaudación, los gobernadores advierten que el esquema actual beneficia desproporcionadamente al Ejecutivo nacional y limita la capacidad de gestión de los gobiernos locales. También apuntan a la discrecionalidad con la que se asignan los fondos, y exigen autonomía financiera para garantizar servicios esenciales.
La posición común se consolidó en la última reunión del CFI, donde los mandatarios firmaron un documento que subraya la necesidad de rediscutir el modelo de financiamiento interjurisdiccional, especialmente en tributos como el IVA e Ingresos Brutos, cuya merma golpea directamente las arcas provinciales.
Mientras tanto, la Casa Rosada, con Javier Milei a la cabeza, sostiene una postura inflexible en su plan de reducción del gasto público, lo que anticipa una negociación compleja. El Gobierno ha expresado en distintas ocasiones que los cambios deben estar enmarcados en los lineamientos del “Consejo de Mayo”, la plataforma con la que busca reformular la arquitectura fiscal del Estado argentino.
En ese contexto, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, ya mantuvo conversaciones con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, representando a las provincias patagónicas, que reclaman un trato diferencial ante los costos logísticos y energéticos.
Si el encuentro no arroja resultados satisfactorios, los gobernadores avanzarán con la presentación del proyecto en el Congreso. El apoyo mayoritario anticipa un posible punto de quiebre en la relación entre Nación y provincias, que hasta ahora transita entre la negociación institucional y el conflicto abierto.
Natalia Ciliento