Por Agostina Acosta 
La gestión del presidente Javier Milei ha generado una nueva controversia al enviar al Senado un pedido formal para ascender a un grupo de militares de la Armada Argentina cuyos ascensos habían sido bloqueados debido a su parentesco con represores involucrados en crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
La solicitud, presentada el pasado 23 de diciembre, busca promover con carácter retroactivo al grado inmediato superior, a partir del 31 de diciembre de 2018, a un total de 26 oficiales de la Armada. Entre ellos se encuentran capitanes de fragata y tenientes coroneles, todos los cuales cumplían con los requisitos legales para el ascenso.
La medida impulsada por el gobierno de Milei reabre una polémica que parecía zanjada desde el año 2010, cuando la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, dispuso el pase a retiro de decenas de militares de alto rango. La razón esgrimida en aquel momento fue la existencia de vínculos familiares con personas involucradas en crímenes de lesa humanidad.
La Resolución 1581, a través de la cual se concretó esta medida, generó un intenso debate en su momento, y ahora vuelve a estar en el centro de la atención pública.
El pedido de ascenso de los militares involucrados ha generado una fuerte reacción en diversos sectores de la sociedad. Organizaciones de derechos humanos y referentes políticos de la oposición han expresado su rechazo a esta medida, argumentando que se trata de un intento de blanquear a quienes tienen vínculos con crímenes de lesa humanidad y de revictimizar a las víctimas.
Por su parte, el gobierno de Milei ha justificado su decisión argumentando que los militares en cuestión cumplen con todos los requisitos legales para el ascenso y que la medida tomada en 2010 fue arbitraria e injusta.
La decisión del Senado sobre este pedido de ascenso se convertirá en un termómetro de la sensibilidad de la clase política argentina respecto a los crímenes de lesa humanidad. Se espera que el debate parlamentario genere una amplia discusión sobre el pasado reciente y sobre la necesidad de garantizar que hechos como los ocurridos durante la última dictadura no queden impunes.
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