Por Agostina Acosta 
En un reciente debate en la legislatura provincial, se discutió la nueva ley de becas universitarias que otorga fondos públicos a estudiantes para cubrir los gastos universitarios o terciarios tanto a nivel nacional como internacional. La ley, creada inicialmente por Claudio Poggi durante su primer mandato, fue eliminada por Alberto Rodríguez Saá, pero ha sido reimplantada por el actual gobernador.
Claudia Dassa, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Técnica y miembro informante, destacó que la nueva ley se diferencia de la anterior Beca Construyendo Sueños al permitir que la elección del beneficiario sea realizada exclusivamente por la institución educativa, evitando posibles sesgos electorales. Dassa subrayó que esta ley no limita otras posibles ayudas y que se están realizando esfuerzos para mejorar la educación en todos los niveles, con actividades que preparan a los estudiantes para un futuro mejor.
Desde el 10 de diciembre, la ley está en vigor, y el Gobierno busca darle rango de ley a esta política. La diputada Claudia Díaz respondió a las críticas de la oposición, argumentando que la beca no solo premia a estudiantes con ventajas, sino que reconoce el esfuerzo y talento de aquellos que, a pesar de contextos adversos, logran destacarse. Según Díaz, el éxito individual de los becados también contribuye positivamente a la sociedad en términos de investigación, innovación y liderazgo.
Eugenia Gallardo, presidenta del Interbloque Cambia San Luis-UCR, defendió la ley y criticó a la oposición por su enfoque en problemas que, según ella, ya han sido abordados durante los últimos ocho años de gobierno. Gallardo destacó que la beca busca promover valores en la sociedad y apoyar a estudiantes de secundaria para que se proyecten a un futuro mejor, incluyendo a aquellos en parajes e instituciones que apoyan a chicos con discapacidad.
La ley estipula que el beneficio se mantendrá durante el tiempo que dure la carrera del estudiante y hasta seis meses después de finalizar el cursado, con un monto mensual de $220,000, sujeto a actualizaciones por decreto. Los estudiantes deben tener al menos dos años de antigüedad en el sistema educativo provincial y haber completado el secundario sin deudas. Además, se requiere que los becados apadrinen a un estudiante de último año de secundaria y que realicen sus servicios profesionales en San Luis.
La oposición, representada por Federico Berardo y Fernanda Spinuzza, criticó la ley por no considerar la situación socioeconómica de los estudiantes. Berardo cuestionó la meritocracia, argumentando que no todos parten del mismo lugar y que la competencia individualista podría ser perjudicial. Spinuzza y Gloria Petrino también expresaron preocupaciones sobre la desigualdad de oportunidades y la falta de consideración de las condiciones personales y contextuales de los estudiantes.
La ley enfrentó dos intentos de ser devuelta a comisión por parte del albertismo, los cuales fueron rechazados por mayoría. También se solicitó que se añadiera un requisito sobre el ingreso familiar de los beneficiados, pero la propuesta no fue aceptada.
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