Por Hector Acosta 
En la primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados este miércoles, el oficialismo generó controversia al enviar a archivo, sin discusión alguna, el polémico decreto N° 150 dictado por Claudio Poggi. Este decreto, que declara la emergencia pública en varias áreas por un año, y permite al Ejecutivo aumentar el número de cargos, fue objeto de críticas por parte de la oposición.
La diputada opositora Silvia Sosa Araujo expresó su indignación ante la falta de tratamiento del decreto en las comisiones correspondientes. Argumentó que, según la Constitución Provincial, este tipo de decretos deberían ser ratificados por el cuerpo legislativo. Además, recordó que legisladores del oficialismo se habían opuesto a medidas similares en sesiones anteriores.
Sosa Araujo criticó la falta de coherencia del oficialismo y cuestionó la efectividad del trabajo legislativo si el Ejecutivo impone sus decisiones sin debate. Sus declaraciones reflejaron la preocupación por el funcionamiento democrático de la legislatura provincial.
Por su parte, el diputado Carlos Pereira, del oficialismo, defendió el procedimiento argumentando que el ingreso del decreto mediante una nota es una práctica habitual y que su pase a archivo no implica un análisis del contenido. Reconoció la ausencia de regulaciones constitucionales sobre los decretos de necesidad y urgencia y sugirió la necesidad de reformar la constitución al respecto.
Pereira destacó la apertura a la institucionalidad de su bloque y afirmó que las diferencias de criterio son parte del proceso legislativo. Sin embargo, no mostró interés en revisar el contenido del decreto ni en debatirlo en el futuro.
El comportamiento del oficialismo generó comparaciones con la gestión anterior y sus prácticas similares. Los críticos señalan una falta de compromiso con el debate democrático y la transparencia en el proceso legislativo.
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