Por Malena Acosta 
El gobernador Claudio Poggi confirmó que impulsará en 2026 una reforma constitucional para establecer capitales alternas a San Luis. Villa Mercedes sería una de las sedes itinerantes del gobierno.
Durante un acto oficial en Villa Mercedes, el gobernador Claudio Poggi ratificó su intención de promover una reforma constitucional en 2026 —año no electoral— con el objetivo de modernizar el esquema institucional de la provincia. Entre los puntos destacados, planteó la creación de capitales alternas al centro administrativo actual, permitiendo que otras ciudades del interior —como Villa Mercedes— alojen periódicamente al gobierno provincial.
El anuncio se produjo durante la firma del llamado a licitación para el nuevo hospital de la zona este de Villa Mercedes. Allí, el mandatario resaltó que la propuesta busca “acercar el gobierno a la ciudadanía” y establecer como obligación constitucional que el Ejecutivo provincial sesione en distintos puntos del territorio puntano.
“Podríamos modificar la Constitución para que con cierta periodicidad la capital de la provincia se traslade a Villa Mercedes y a otras localidades”, explicó Poggi. El planteo no es nuevo: ya lo había mencionado en su discurso inaugural ante la Asamblea Legislativa. No obstante, el mandatario aclaró que la iniciativa será elevada el año próximo, cuando se espera un escenario político más sereno, sin el impacto de campañas ni elecciones.
Poggi justificó la necesidad de esta reforma destacando el valor de la cercanía y la gestión territorial directa: “Es salir del despacho, de la comodidad. Es salir a la cancha, donde están los problemas. Esto es fruto de una necesidad real”.
Además de la descentralización institucional, se espera que la propuesta contenga otras reformas que aún no han sido detalladas. El gobernador afirmó que se buscará un “máximo consenso social y político” para que la reforma sea legítima y representativa.
La idea de capitales alternas no es nueva en la política argentina. A nivel nacional, ya ha sido impulsada como mecanismo para federalizar la administración pública. En San Luis, la implementación requerirá cambios estructurales, logísticos y normativos, lo que abre un nuevo capítulo en el debate sobre la organización territorial del poder.
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