Por Redacción 
El juicio nace por el incumplimiento de una cláusula del estatuto de YPF. La jueza Preska condenó al país a pagar US$ 16.000 millones más intereses por no tratar equitativamente a los accionistas.
La derrota judicial de Argentina en el litigio por la expropiación de YPF tiene su origen en un error técnico y legal ocurrido durante el proceso de estatización en 2012. El Congreso aprobó una ley que permitía al Estado tomar el control accionario de la petrolera, y lo hizo sobre las acciones de Repsol. Sin embargo, se ignoraron los derechos de otros accionistas, como el Grupo Petersen, lo que habilitó el juicio internacional.
Según los estatutos de YPF, en caso de adquisición de control accionario, quien lo haga debe realizar una oferta pública de adquisición (OPA) a todos los accionistas. Argentina incumplió esta cláusula, lo que fue interpretado por la jueza neoyorquina Loretta Preska como una violación a los derechos de quienes poseían acciones que cotizan en Wall Street.
La demanda fue impulsada por Burford Capital, un fondo de inversión que compró los derechos de litigio al Grupo Petersen luego de su quiebra en España. Esa quiebra se originó tras la expropiación, cuando YPF dejó de pagar dividendos y arrastró al colapso financiero a la empresa de la familia Eskenazi.
El juicio se inició en 2015 y en septiembre de 2023 Preska falló contra Argentina. La condena asciende a US$ 16.000 millones, a lo que se suman intereses por casi US$ 2 millones diarios, dado que la sentencia está firme mientras el país apela.
El fallo no discute la decisión soberana de expropiar, sino el modo en que se realizó, perjudicando a un sector de accionistas. Según la jueza, se violó el estatuto corporativo y el principio de trato igualitario.
El ex procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, aseguró que existen elementos para apelar el fallo, entre ellos que el pago con acciones ordenado por Preska contradice la legislación argentina, por lo que se necesitaría una ley del Congreso. Además, sugirió que se podría presentar un per saltum ante la Corte Suprema.
Mientras tanto, las acciones de YPF sufren una caída en los mercados, al tiempo que las del fondo Burford Capital —beneficiario del fallo— se dispararon.