Por Agostina Acosta 
El debate sobre la efectividad del sistema judicial en la lucha contra el crimen ha cobrado fuerza en la provincia durante los últimos días, a raíz de la presentación de un proyecto de modificación del Código Procesal Penal por parte del Ejecutivo provincial. Este proyecto, que será sometido a consideración del Senado en los próximos días, ha generado opiniones encontradas y ha puesto en evidencia las tensiones entre los distintos poderes del Estado.
El objetivo declarado de la reforma es claro: enviar un mensaje contundente a los delincuentes y fortalecer la capacidad del sistema judicial para enfrentar la criminalidad. Según Rafael Berruezo, director de Relaciones Institucionales del ministerio de Seguridad, la modificación busca cambiar la percepción de impunidad que actualmente rodea a muchos delitos. Berruezo señala que es fundamental que el Estado y la Justicia actúen de manera coordinada para frenar el avance del crimen, y critica la supuesta inacción de las autoridades judiciales frente a la delincuencia.
El proyecto de reforma aborda varias áreas clave del sistema judicial. Uno de los puntos más destacados es la introducción de criterios de reiterancia delictiva, que permitirían a los jueces tener en cuenta antecedentes penales o causas pendientes al momento de decidir sobre la prisión preventiva. Según Berruezo, esta medida es necesaria para evitar que los delincuentes reincidentes queden en libertad y continúen cometiendo delitos.
Además, el proyecto propone cambios en el procedimiento para los casos de flagrancia, buscando agilizar la justicia y garantizar condenas más rápidas. También plantea la posibilidad de desalojos inmediatos en casos de usurpación, con el fin de proteger el derecho a la propiedad de los ciudadanos.
Sin embargo, estas propuestas no han estado exentas de controversia. El Procurador Luis Martínez ha criticado duramente la gestión del Ministerio de Seguridad, argumentando que las cifras presentadas por las autoridades son engañosas y que la solución a la inseguridad no pasa por endurecer las penas, sino por abordar las causas estructurales del problema.
Martínez también ha cuestionado la falta de recursos y capacitación en el sistema judicial, señalando que la responsabilidad de garantizar la seguridad ciudadana no recae únicamente en la Policía, sino en todo el Estado. Además, ha advertido sobre los posibles riesgos de vulnerar garantías constitucionales en aras de una mayor eficacia judicial.
En medio de este debate, queda claro que la reforma del Código Procesal Penal no será la solución única para combatir la inseguridad. Es necesario un enfoque integral que combine medidas de prevención del delito, fortalecimiento institucional y políticas sociales inclusivas. Solo así se podrá construir una sociedad más justa y segura para todos.
Video: ANSL
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