Por Natalia Ciliento 
El Ministerio Público Fiscal avanza en la investigación por los delitos cometidos contra ocho adultos mayores rescatados de un geriátrico ilegal en Justo Daract. Las víctimas vivían en condiciones de abandono extremo, sin alimentos y sin atención médica adecuada.
El geriátrico, ubicado en avenida Hipólito Irigoyen, operaba sin habilitación y en un estado deplorable. Durante el allanamiento, encabezado por el fiscal José Olguín y sus adjuntos Marcelo Palacios y Andrea Court, se constató que los abuelos carecían de alimentos básicos, viviendo en condiciones insalubres junto a animales y en un espacio reducido con escasa ventilación y un aire acondicionado en mal estado.
Los abuelos, todos mayores de 80 años, fueron encontrados en situación de bajo peso, sin acceso a medicamentos adecuados ni historias clínicas. Se detectaron prácticas inhumanas, como el uso de telas para inmovilizarlos en sus camas. Los fiscales investigan posibles delitos como privación ilegítima de la libertad, abandono de persona y amenazas.
La dueña del establecimiento, de 60 años, y su hija, de 25, fueron demoradas y posteriormente liberadas por orden del juez Alfredo Cuello. Ambas podrían ser imputadas en los próximos días. Además, se analiza la responsabilidad de los familiares, quienes abonaban cuotas de hasta $800 mil según la patología de cada paciente.
El fiscal Olguín señaló que en 2018 se había iniciado un trámite de habilitación del lugar, que nunca se concretó. El sitio no contaba con control alguno desde entonces. En el procedimiento se identificó que, en el pasado, llegaron a tener bajo su cuidado a 20 personas, algunas alojadas en otra vivienda de la misma zona.
Por el momento, los adultos mayores han sido reubicados con sus familiares o internados, mientras se esperan informes médicos detallados sobre su salud. El caso conmociona a Justo Daract y expone la necesidad de mayores controles en establecimientos de cuidado de personas vulnerables.
Redacción Natalia Ciliento
Imagen El Chorrillero
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