Por Natalia Ciliento 
En un contexto económico adverso, la reserva del 8% del presupuesto en San Luis se convirtió en la herramienta elegida por el Gobierno provincial para evitar un posible desequilibrio fiscal hacia fin de año. La medida, presentada como preventiva, llega tras un dato que encendió todas las alarmas: el peor nivel de recaudación del primer trimestre en más de una década.
Según explicó la directora de Presupuesto Público, Mónica Biancotti, la decisión no impacta sobre salarios ni sobre obra pública. Sin embargo, introduce una lógica clara: gastar menos ahora para no entrar en crisis después. En otras palabras, el ajuste empieza antes de que el problema sea irreversible.
El dato que sostiene esta estrategia no es menor. Durante los primeros tres meses del año, la provincia recaudó un 7,3% menos de lo proyectado. En consecuencia, el Ejecutivo decidió anticiparse. Porque, si el ingreso cae, el margen de maniobra también se reduce.
De hecho, el presupuesto 2025 había sido calculado en base a recursos por $1,885 billones. Pero la realidad económica obligó a recalcular. Por eso, la reserva del 8% del presupuesto en San Luis se aplica sobre el saldo disponible desde abril hasta diciembre, es decir, sobre lo que aún no se ejecutó. Así, el Gobierno busca asegurarse un colchón financiero que permita atravesar los próximos meses sin sobresaltos.
Ahora bien, aunque el discurso oficial insiste en que no se trata de un recorte, lo cierto es que sí implica una mayor austeridad. Cada ministerio deberá revisar gastos, optimizar recursos y, sobre todo, priorizar. Porque cuando el dinero no alcanza, la política define qué se sostiene y qué se posterga.
En este sentido, Biancotti fue clara: no se suspenden políticas públicas, pero se ejecutarán con más control. Es decir, menos margen para el gasto discrecional y más presión sobre la eficiencia administrativa. Además, se implementará un monitoreo mensual para evaluar la evolución de los recursos. Si la recaudación mejora, podría liberarse parte de la reserva. De lo contrario, el ajuste podría profundizarse.
Otro punto clave es el respaldo legal. La medida se apoya en la Ley de Emergencia vigente, que habilita al Ejecutivo a reorganizar partidas entre distintas jurisdicciones. Esto le da flexibilidad al Gobierno, pero también concentra decisiones en un contexto donde cada peso cuenta.
Por otro lado, la funcionaria llevó tranquilidad respecto al Fondo de Reservas Salariales. Se trata de un fondo intangible, aprobado por ley, que garantiza el pago de sueldos. Incluso, ya fue utilizado para sostener incrementos salariales. En paralelo, se lo va incorporando mensualmente al presupuesto para evitar que las cuentas entren en rojo.
Además, el Ejecutivo aseguró que las prioridades están claras: salarios, Plan de Inclusión y transferencias educativas seguirán garantizadas. Sin embargo, la advertencia es evidente: el resto de las áreas deberá ajustarse.
En definitiva, la reserva del 8% del presupuesto en San Luis marca un cambio de clima en la administración provincial. No es un recorte explícito, pero sí una señal política fuerte. Porque cuando un gobierno decide guardar recursos, está reconociendo que el escenario puede empeorar.
Y ahí aparece la pregunta de fondo: ¿es una medida prudente o el anticipo de un ajuste más profundo? Por ahora, el Gobierno apuesta a ganar tiempo. Pero en economía, el tiempo rara vez juega a favor si los ingresos no reaccionan.