Por Hector Acosta 
El ministro de Economía, Luis Caputo, ha delineado el cronograma de pagos para liquidar la deuda de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) con las generadoras de energía del país, que asciende a unos $600.000 millones según cifras oficiales, más del doble del superávit fiscal del primer trimestre. La propuesta, a la que Infobae tuvo acceso, contempla el diferimiento de los compromisos acumulados entre diciembre y enero mediante un bono en dólares que vence en 2038, cotizando actualmente con una paridad del 50 por ciento.
Las empresas, especialmente las del sector eléctrico, han reiterado su rechazo a la iniciativa de Caputo, argumentando que implica desconocer la mitad de la deuda y representa un riesgo para el funcionamiento del mercado local. Algunas compañías están considerando informar un «Hecho Relevante» ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) debido a un posible incumplimiento en los contratos.
Esta situación fue comunicada a las generadoras hace dos semanas, durante una reunión en el quinto piso del Palacio de Hacienda, donde el ministro de Economía abordó la deuda de la administradora del mercado eléctrico, que en última instancia corresponde al Tesoro. Los participantes en la reunión interpretaron la propuesta como una «imposición» por parte del Gobierno, en lugar de una propuesta de regularización.
La Resolución 58/2024 de la Secretaría de Energía, firmada por el secretario Eduardo Rodríguez Chriillo, establece que se utilizará un bono en dólares (AE38) para diferir los montos vencidos correspondientes a diciembre y enero en el caso de que se alcancen «acuerdos individuales». En el sector privado, se advierte que esto implica una quita del 50%, dado que esa es la paridad con la que cotiza el título en cuestión.
Para febrero, se contempla una normalización de los pagos con fondos en caja de Cammesa, ascendiendo a unos $550.000 millones, que aún no han sido girados a pesar de que los montos vencieron en abril. Esto se debe a que la empresa, como sociedad anónima sin fines de lucro, no puede realizar pagos sin primero cancelar las deudas previas, en este caso, correspondientes a diciembre y enero, que serían saldadas con bonos.
La normativa otorga dos días hábiles a la administradora para determinar con cada uno de los deudores del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) los importes correspondientes a las facturas por la venta de energía eléctrica con vencimiento en los meses de febrero, marzo y abril de 2024, respectivamente.
Posteriormente, se detalla que los montos de abril serán cancelados en los próximos 30 días, mientras que los de mayo seguirán el cronograma habitual. Estas decisiones están en línea con las previsiones del presidente Javier Milei, quien anticipó en una entrevista reciente la necesidad de alcanzar un ordenamiento antes de junio, mes en el que se espera un déficit en el resultado fiscal.
La Resolución 58/2024 detalla que la deuda de Cammesa alcanzaba al cierre de abril los $1,06 billones de pesos. Sin embargo, el Ministerio de Economía informó que son $600.000 millones. Infobae consultó sobre esta discrepancia, pero no recibió respuesta.
Cammesa, responsable de administrar el mercado eléctrico, es también la encargada de pagar a las generadoras la diferencia entre el costo «real» de la energía y lo que pagan los usuarios, usualmente cubierta con giros del Tesoro.
En este contexto, la resolución de Energía insta a las distribuidoras a regularizar el pago de la deuda con Cammesa, es decir, abonar el 100% de sus facturas de energía de febrero y marzo con un plan de pagos. Desde el Gobierno se argumenta que los aumentos de tarifas habilitados en la primera parte del año deberían permitir la normalización del flujo de pagos.
Las compañías de distribución advierten que sus ingresos se verán afectados por la decisión de suspender la fórmula de indexación mensual, prevista para aplicarse desde mayo, con el objetivo oficial de apuntalar la baja de la inflación y evitar cargar con más incrementos a la clase media.
En el Ministerio de Economía aseguran que se utilizaron fondos del 2024 para cancelar deudas con las generadoras «que dejó el Gobierno anterior» para los períodos de septiembre, octubre y noviembre del año pasado. Esto justifica, según la cartera, la decisión de postergar los pagos de diciembre y enero, donde el impacto de la devaluación más que duplicó los costos de la generación eléctrica.
Las productoras que tienen montos adeudados por el Plan Gas, como YPF y Pan American Energy (PAE), han adelantado que están dispuestas a aceptar la propuesta del Palacio de Hacienda. Para estos actores, el stock total de compromisos vencidos rondaría los $240.000 millones.
La Resolución 58/2024 argumenta que, «a fin de resolver la situación de los pagos correspondientes a los acreedores del MEM, se requiere implementar un régimen transitorio, específico y excepcional que tiene por objeto diferir los pagos correspondientes a diciembre de 2023 y enero de 2024, y al mismo tiempo, ordenar la cadena de pagos de las transacciones económicas corrientes, todo ello con el fin de preservar el abastecimiento del servicio público de electricidad». Para esto, se menciona la utilización de los bonos AE38 del Tesoro Nacional.
La normativa se respalda en la emergencia energética y la situación actual para afirmar que, con este diferimiento, «no ocasiona una lesión al derecho de propiedad de los agentes acreedores, por tratarse de un diferimiento de pago que no altera de manera definitiva sus derechos, por cuanto resulta transitorio, excepcional y limitado en el tiempo».
En un contexto de graves trastornos económico-sociales, la resolución sostiene que el mayor peligro para la seguridad jurídica no proviene de una transitoria postergación de las formas de imputación de los pagos en el MEM, sino de mantenerlas con absoluta rigidez, ya que, según el documento, en tiempos de crisis, estas medidas pueden resultar ineficientes
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