San Luis Adhiere a la Ley Nacional de Barrios Populares para Mejorar las Condiciones de Vida de los Vecinos
Agostina Acosta 
Este martes, la Cámara de Senadores sancionó por unanimidad el proyecto de adhesión a la Ley Nacional 27.453, conocida como la “Ley de Barrios Populares”, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida en los barrios más vulnerables de San Luis. Esta normativa, enviada por el Ejecutivo a la Legislatura provincial, apunta a regularizar la situación de las tierras y garantizar el acceso a servicios básicos esenciales en las zonas más necesitadas.
El proyecto de ley busca unificar esfuerzos con la Ley Nacional sancionada en 2018, que establece un régimen de regularización dominial y la integración socio-urbana en asentamientos. Esta adhesión es un paso significativo hacia la mejora de la calidad de vida de los habitantes de los barrios populares de San Luis, particularmente aquellos que, debido a la falta de acceso a servicios esenciales, viven en condiciones precarias.
El proceso hacia la sanción comenzó el lunes, cuando las autoridades de la Dirección de Barrios Populares del Ministerio de Desarrollo Humano, Joaquín Mansilla y Ariel Braverman, se reunieron con la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para despejar dudas sobre la situación que atraviesa la provincia. En esta reunión, los funcionarios presentaron un informe sobre los 32 barrios populares identificados en ocho municipios, donde residen más de cuatro mil familias, según el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
El relevamiento realizado por la Dirección de Barrios Populares en los 13 asentamientos del ejido urbano de la ciudad de San Luis reflejó una alarmante falta de acceso a servicios básicos. Un 41,5% de las familias no cuentan con electricidad, agua potable, gas natural ni cloacas de manera formalizada. Además, un 32,1% solo tiene acceso a uno de esos servicios, mientras que un 18,1% posee solo dos. Esto significa que el 91,7% de las familias en estos barrios carecen de al menos dos servicios esenciales. La situación se agrava aún más con un 17,6% de las viviendas que no cuentan con baño, lo que resalta la extrema vulnerabilidad en la que viven muchas de estas familias.
El proyecto aprobado propone la creación de un Observatorio Provincial de Barrios Populares, cuya misión será relevar y sistematizar datos sobre las condiciones de vida, el acceso a servicios básicos y la situación dominial de los barrios populares de la provincia. Este observatorio no solo facilitará un diagnóstico certero de la situación, sino que también fortalecerá la capacidad de la provincia para diseñar políticas públicas enfocadas en la inclusión socio-urbana.
Con la implementación de esta ley, se prevé un trabajo conjunto entre la Nación, la Provincia y los municipios para llevar adelante proyectos de urbanización, que no solo mejoren la infraestructura, sino que también aseguren el acceso al agua potable, la energía eléctrica y el saneamiento. Estas iniciativas tienen el potencial de transformar la vida de miles de familias en San Luis, reduciendo las desigualdades sociales y promoviendo una inclusión más equitativa para todos los ciudadanos.
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