Por Natalia Ciliento 
Organizaciones ambientales y productores se reunieron con autoridades provinciales para debatir la reglamentación de la ley que prohíbe las tecnologías ‘rompetormentas’. Se busca consenso en su aplicación y control.
En San Luis, el Gobierno provincial avanza en la reglamentación de la ley que prohíbe el uso de tecnologías para la manipulación climática, atendiendo los reclamos de productores y organizaciones ambientales. Integrantes del Movimiento Interprovincial del Agua del Cielo (MIPAC) y Cielos Limpios en América Monitor Ambiental (CLAMA) se reunieron con funcionarios para debatir los alcances y mecanismos de control de la normativa aprobada en noviembre de 2024.
La subdirectora de Desarrollo Sostenible de la Secretaría de Ambiente, Daniela Montalvini, y el titular del Ente de Desarrollo Aeronáutico del Ministerio de Desarrollo Productivo, Horacio Quiroga, recibieron a los exponentes de CLAMA, MIPAC y pequeños productores interesados en garantizar la correcta implementación de la ley.
El Artículo 1 de la normativa establece la prohibición del uso de técnicas, mecanismos o sistemas que alteren el clima de manera artificial en el territorio provincial. Si bien en San Luis no se ha implementado oficialmente la manipulación climática, provincias vecinas como Mendoza y San Juan la aplicaron durante años con fines productivos. Sin embargo, recientemente avanzaron en la cancelación de estos programas para optar por métodos más sustentables, como mallas de protección de cultivos y seguros rurales.
Entre los métodos utilizados en otras jurisdicciones se encuentran los vuelos en avionetas que dispersan yoduro de plata en nubes de tormenta, con el objetivo de reducir el tamaño del granizo y mitigar daños en zonas agrícolas y urbanas. También se emplean cañones antigranizo, que disparan ondas sonoras con gas acetileno a grandes alturas para frenar las lluvias.
La reglamentación de la ley requerirá la participación ciudadana para definir mecanismos de denuncia, fiscalización y monitoreo. En ese marco, se prevén nuevos encuentros con productores y organizaciones ambientales para consensuar los procedimientos que garantizarán su aplicación efectiva.
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