Por Agostina Acosta 
San Luis, representada por la secretaria de Legal y Técnica, Fabiana Zárate, participó en la XIII Asamblea General Ordinaria del Consejo Federal para la Transparencia (CFT) celebrada en Buenos Aires los días 25 y 26 de junio. Este evento contó con la presencia de representantes de todas las jurisdicciones del país, siendo un espacio crucial para discutir y promover políticas de transparencia en la gestión pública.
En su exposición, Zárate compartió la alarmante situación encontrada al inicio de la gestión actual, el 10 de diciembre de 2023. “Evitando referirme a los innumerables hechos de desmantelamiento del Estado en lo que hace a sus bienes y a la deliberada liquidación de sus reservas para hacer frente a gastos corrientes generados en forma irresponsable por la gestión saliente, lo que se intensificó a partir del 11 de junio de 2023, día de las elecciones generales para Gobernador, es menester hacer foco en la desaparición total de activos digitales y de toda la información del Estado, con excepción de la Oficina de Registros de Decretos y Proyectos de Leyes, única fuente de información para la nueva gestión. La transición fue inexistente y no se cumplió con el protocolo de continuidad de gestión con la entrega de los informes de cada área, por lo que los inicios fueron extremadamente dificultosos”, señaló la funcionaria.
Zárate destacó un problema clave: la publicación de los actos de gobierno en el Boletín Oficial y Judicial de la provincia estaba gravemente atrasada. Más de 7000 decretos de la gestión saliente aún no se habían publicado, con documentos de junio de 2023 recién accesibles en diciembre. Esta situación contravenía la obligación constitucional de transparencia y dificultaba el acceso de la ciudadanía a información crucial, retrasando la capacidad de ejercer derechos fundamentales y control ciudadano sobre la gestión pública.
“La edición del boletín oficial se hacía a través de la contratación de una imprenta privada y exclusivamente en formato papel, con una tirada de 450 ejemplares, que se distribuían en las principales ciudades y con los que difícilmente se podía llegar a todas las localidades de nuestra provincia”, añadió Zárate.
En respuesta a estos desafíos, el Gobernador de San Luis, mediante el Decreto 150/2023, ordenó la creación del Boletín Oficial digital a partir del 1 de enero de 2024. Este proyecto, desarrollado en cuatro etapas a corto plazo, busca garantizar el acceso a la información pública y federalizar su alcance. Las etapas incluyen la edición digital, la reducción de publicaciones pendientes, la implementación de un buscador básico y uno avanzado de publicaciones vinculadas a un sistema integrado normativo.
El derecho de acceso a la información, esencial para la libertad de expresión y la supervisión del ejercicio del poder, se ve fortalecido con esta iniciativa. La Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han destacado la importancia de este derecho como pilar de las libertades constitucionales y la democracia republicana.
Zárate subrayó la importancia de esta reforma: “Hemos dado un primer paso, gracias a la existencia de voluntad en tal sentido, esto es la voluntad política irreductible de trabajar, como Estado democrático, en la publicidad de los actos de Gobierno en el tiempo en que los mismos se producen, razones que hacen a una mejor calidad de la democracia y a fortalecer un pilar del sistema republicano”.
Reconociendo el gran trabajo que queda por delante, Zárate explicó que el 90% de los documentos publicados desde 1925 hasta hoy se encuentran en formato papel. Sin embargo, expresó la determinación de la actual gestión de avanzar en la digitalización y modernización del acceso a la información pública, lo que mejorará significativamente los indicadores de transparencia.
Finalmente, la secretaria destacó la apertura de la gestión a sugerencias y críticas constructivas, reafirmando el compromiso de implementar políticas que obliguen a las autoridades y funcionarios públicos a rendir cuentas de su gestión. “Entendemos que fortalecer la relación entre el Estado y la sociedad civil es imprescindible para concretar las reformas institucionales necesarias para desarrollar una democracia legítima, transparente y eficiente”, concluyó.
Con estos pasos, San Luis se posiciona como un ejemplo de cómo enfrentar los desafíos de la gestión pública con un enfoque en la transparencia y el acceso a la información, fundamentales para el fortalecimiento de la democracia y la confianza ciudadana en sus instituciones.
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