La fiscal adjunta Roxana Alcaraz solicitó este lunes la prisión preventiva por 120 días para Diego Armando Cruceño, un hombre de 34 años acusado de atropellar y provocar la muerte de María Díaz, de 52 años, en un trágico accidente ocurrido el sábado en la localidad de Quines. El acusado enfrenta cargos por «homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo con exceso de alcohol en sangre en concurso real con resistencia a la autoridad en accidente de tránsito y fuga».
El fatal incidente tuvo lugar durante la madrugada, cuando Cruceño, intentando evadir un control policial, aceleró su vehículo y colisionó violentamente contra una motocicleta conducida por Díaz. El impacto fue tan fuerte que la víctima salió despidiéndose a más de 20 metros, quedando gravemente herida. Tras el choque, el acusado abandonó el automóvil en el lugar del hecho y se dio a la fuga. Sin embargo, fue capturado minutos después por efectivos policiales, quienes le realizaron una prueba de alcoholemia que arrojó un resultado de 1,11 g/l de alcohol en sangre, superando ampliamente el límite permitido.
Díaz fue trasladada de urgencia al hospital de Quines con múltiples lesiones y pérdida de conocimiento. Posteriormente, debido a la gravedad de su estado, fue derivada al Hospital Central “Ramón Carrillo”, donde falleció horas más tarde.
En la audiencia celebrada este lunes, la querella, representada por el abogado Hernán Gatica, adhirió al pedido de prisión preventiva solicitada por la fiscalía. Por su parte, la defensa del acusado, integrada por los letrados Martín Di Franco y Héctor Andina, solicitó una prórroga de ocho días para preparar su estrategia legal. La jueza Agustina Dopazo Samper accedió a esta solicitud, dejando en suspenso la decisión sobre la medida cautelar hasta la próxima audiencia.
El caso ha generado conmoción en la comunidad de Quines, donde los vecinos exigen justicia por la muerte de María Díaz, quien era una figura conocida y respetada en la localidad. La trágica combinación de exceso de alcohol, conducción temeraria y la intención de evadir a las autoridades vuelve a poner en debate la necesidad de soportar las penas para quienes protagonizan este tipo de hechos en las rutas del país.
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