Por Agostina Acosta 
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia, anunció la desvinculación de los trabajadores afiliados a ATE que participaron en el paro llevado a cabo la semana pasada en el Registro Automotor. La medida fue comunicada oficialmente este martes mediante un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter), justificando la decisión en las “interrupciones del servicio, pérdidas millonarias al Estado y daños irreparables a los ciudadanos” que, según indicaron, provocó la protesta.
En su mensaje, el Ministerio aseguró que esta administración «no permitirá la extorsión, la violencia, los escraches ni las amenazas de ningún sector que interrumpan el normal desenvolvimiento de las obligaciones y funciones estatales». Además, advirtieron que los empleados que no se presenten a trabajar o participen en actividades no autorizadas serán sancionados conforme a las normativas legales vigentes.
El comunicado oficial calificó el accionar de ATE como «irracional» y afirmó que «el ciudadano de bien no debe pagar las consecuencias» de las acciones gremiales, que consideraron basadas en «falsos reclamos» para beneficiar a las autoridades sindicales. Asimismo, reiteraron su «compromiso con la continuidad de las obligaciones públicas hacia los ciudadanos» y se mostraron firmes en no permitir actos que alteren el normal funcionamiento de los servicios estatales.
Por su parte, ATE Capital emitió un contundente comunicado rechazando las acusaciones del Gobierno. «Negamos categóricamente que la paralización del Registro Automotor haya sido realizada con fines violentos y extorsivos. La medida fue adoptada en defensa de los derechos laborales y en respuesta a las políticas de despidos encubiertos y aprietes en el Estado», expresaron desde el gremio.
El sindicato denunció que los trabajadores enfrentan presiones para aceptar retiros voluntarios que, de no acatarse, los dejarían en disponibilidad en diciembre. Según señalaron, el paro fue votado por unanimidad en asamblea como respuesta a lo que calificaron como “amenazas coercitivas”.
En su comunicado titulado «Anuncian despidos y quieren prohibir hacer huelga», ATE reafirmó que su protesta se enmarca en la defensa de los derechos laborales y criticó al Gobierno por intentar «disciplinar» a los trabajadores mediante medidas de fuerza.
La decisión del Ministerio de Justicia se suma a una serie de tensiones entre el Gobierno y los sectores gremiales, evidenciando un endurecimiento en la relación con los sindicatos en un contexto de creciente conflictividad laboral.
Mientras tanto, ciudadanos y usuarios del Registro Automotor han expresado su preocupación por el impacto del conflicto en los servicios. Se espera que las próximas semanas sean claves para determinar si se abre un canal de diálogo o si el conflicto escala con nuevas medidas de fuerza.
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