En un fallo contundente, el Tribunal de Impugnaciones de San Luis revocó este lunes la prisión domiciliaria otorgada a Edgar Sánchez, imputado por el homicidio de un bebé de 9 meses, y ordenó su traslado al Servicio Penitenciario Provincial bajo prisión preventiva. La resolución responde a una apelación presentada por la fiscal de Instrucción 4, María del Valle Durán, quien argumentó la existencia de riesgos procesales que impedían la medida domiciliaria.
Los jueces Jorge Sabaini Zapata, Yanina Del Viso y Hernán Herrera emitieron el fallo que dejó sin efecto la decisión del Juzgado de Garantía 4, que había permitido que Sánchez cumpliera la detención en casa de su madre. “No están dadas las condiciones para morigerar la medida de coerción. Es necesario asegurar la investigación”, expresó Sabaini Zapata en el dictamen, destacando el riesgo de fuga y el posible entorpecimiento de la causa.
Edgar Sánchez, de 32 años, enfrenta cargos de homicidio simple con una solicitud de pena de 20 años de prisión. Paralelamente, Melanie Castro, madre de la víctima, está acusada de homicidio calificado agravado por el vínculo, con un pedido de condena de 10 años.
Según la fiscal María del Valle Durán, tanto Sánchez como Castro tuvieron responsabilidad directa o por omisión en la muerte de Catalina, quien apenas tenía 9 meses de vida. Durante su exposición, Durán señaló que la prisión preventiva es indispensable para garantizar la continuidad de la investigación. Argumentó además que Sánchez intentó manipular a Castro desde el penal y que su historial incluye denuncias previas y una declaración de rebeldía en otra causa por robo.
El 5 de diciembre, la jueza Natalia Lazarte Otero había prorrogado la prisión domiciliaria para Castro y concedió el mismo beneficio a Sánchez, acogiendo un pedido de su defensa. Sin embargo, Durán apeló la decisión, subrayando la gravedad de las acusaciones y la expectativa de pena como fundamentos suficientes para mantener la prisión preventiva.
Por su parte, Federico Putelli, abogado defensor de Sánchez, sostuvo que su cliente no representaba un peligro para el desarrollo del proceso judicial. Afirmó además que la prisión domiciliaria no comprometía las multas de la investigación.
El Tribunal de Impugnaciones concluyó que las condiciones para Sánchez y Castro no eran equivalentes. Mientras que Castro permanezca bajo prisión domiciliaria, Sánchez deberá continuar en prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial. “Existen elementos suficientes que justifican mantener la prisión preventiva, incluyendo el riesgo de fuga y el peligro de entorpecimiento de la causa”, reafirmó Sabaini Zapata.
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