Por Natalia Ciliento 
El rechazo a la nulidad fortalece la causa y deja en la mira a exfuncionarios y un trabajador del Plan de Inclusión, acusados de usar bienes estatales para fines personales.
El escándalo por el presunto uso indebido de vehículos oficiales y combustible pagado por el Estado Provincial sumó hoy un capítulo clave: el Tribunal de Impugnaciones de la Segunda y Tercera Circunscripción Judicial rechazó la nulidad solicitada por la defensa, dejando en pie la acusación por peculado contra cuatro imputados.
La causa comenzó en diciembre de 2023, cuando la Fiscalía de Estado denunció la faltante de cinco vehículos oficiales. Un relevamiento detectó que no estaban bajo custodia estatal y que, durante su uso, se cargaba combustible pagado por el erario público, pese a que quienes los utilizaban no cumplían función alguna dentro del gobierno.
La defensa, encabezada por el Dr. Pascual Celdrán, alegó vulneración del derecho de defensa, falta de notificación oportuna y exclusión en la investigación. Pero la Fiscalía, representada por el Dr. Maximiliano Bazla, sostuvo que hubo notificación fehaciente, acceso a pruebas y que la investigación fue compleja pero respetó garantías.
El Juez de Garantía Nº 2 rechazó el planteo de nulidad al considerar que no se acreditó perjuicio concreto. Hoy, el Tribunal de Impugnación —integrado por el Dr. Hernán Herrera, la Dra. María Moserrat Bocca y el Dr. Marcelo Oscar Bustamante Marone— confirmó la decisión: no hubo impedimento para ejercer defensa, las evidencias no fueron incorporadas de forma ilegal y no existe un daño actual e irreparable.
Con el camino judicial despejado, esta mañana se formularon cargos por peculado contra Francis Emmanuel Freixes, Sofía Elizabet Aguilera y Jorge Humberto Cejas (Art. 261, segunda parte del Código Penal), y contra Sergio Fabricio Olivares (Art. 263 del mismo código). Un quinto acusado no se presentó a la audiencia.
La imputación sostiene que, entre el 1º de marzo de 2021 y el 12 de diciembre de 2023, los implicados utilizaron vehículos del Estado para fines personales o de terceros, cargando combustible mediante un convenio con una estación de servicio de Buena Esperanza, que requería identificación del conductor y del vehículo. Según la Fiscalía, las cargas no respondían a tareas oficiales.
Tres imputados eran funcionarios provinciales; Olivares, trabajador del Plan de Inclusión Social. La investigación incluye una pericia contable para determinar el volumen y costo del combustible.
La defensa pide contexto político: sostiene que hubo autorización oficial para las cargas y que los vehículos se usaron para tareas sociales, como traslados escolares y acompañamiento médico. Los imputados declararon colaborativamente. Olivares relató traslados de niños y mujeres en programas sociales; Cejas dijo no recordar haber usado los vehículos en cuestión; Freixes detalló trabajos comunitarios en el Pueblo Ranquel y pidió inspección ocular; Aguilera aseguró que los vehículos siempre beneficiaron a la comunidad.
La audiencia estuvo a cargo del Juez Subrogante del Juzgado de Garantía Nº 3, Dr. Alfredo Cuello, con la Secretaria Dra. Natalia Pereyra Cardini. Representaron al Ministerio Público Fiscal el Dr. Bazla Cassina y la Dra. Nayla Cabrera Muñoz; la defensa, el Dr. Celdrán.
El caso seguirá avanzando con los cargos confirmados y la sombra del peculado sobre los acusados, en una causa que podría convertirse en otro golpe político en San Luis.
Hector Acosta