Por Natalia Ciliento 
La Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud denuncia dilaciones en el Senado provincial para aprobar la Ley Juanita Torre, que ampliaría licencias a padres de hijos con discapacidad.
La Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS) volvió a encender las alarmas este martes, denunciando la falta de voluntad política para avanzar en el tratamiento legislativo de la Ley Juanita Torre. Esta norma, clave para ampliar licencias laborales a padres y madres de hijos con discapacidad, lleva meses estancada en el Senado provincial.
La denuncia pública fue encabezada por Natalia Torre y Ana Lía Trifiró, integrantes de la Comisión Directiva de APTS, tras reunirse con los senadores peronistas Alejandro Torres y Hugo Olguín. En el encuentro, el gremio presentó un informe demoledor: solo el 3% de los empleados públicos podría acceder al beneficio, lo que demuestra —según remarcaron— que no representaría un costo significativo para el Estado.
La situación es aún más grave considerando que la discapacidad está en emergencia a nivel nacional. Para APTS, aprobar esta ley sería un acto mínimo de justicia y una acción concreta para mejorar la vida de muchas familias que hoy lidian con un sistema estatal que les da la espalda.
El proyecto, que tomó estado legislativo en mayo, se encuentra empantanado en las comisiones de Derechos Humanos y Familia; Salud, Trabajo y Seguridad Social; y Asuntos Constitucionales y Labor Parlamentaria. Todas, sin excepción, bajo control del oficialismo provincial. Mañana, la Comisión de Salud tiene previsto tratarlo, pero desde el gremio dudan de que haya un avance real y temen que se repita la estrategia de la dilación.
La iniciativa fue elaborada por la Secretaría de Discapacidad de APTS y presentada formalmente por el senador Hugo Olguín. Su nombre rinde homenaje a Juanita Torre, una niña electrodependiente que falleció en abril de este año y cuya lucha, en 2017, fue fundamental para que San Luis adhiriera a la Ley Nacional de Electrodependientes.
El texto legislativo incluye derechos concretos y urgentes:
-
Licencias con goce de haberes de hasta 6 o 12 meses para padres con hijos con discapacidad a cargo.
-
Reducción horaria y posibilidad de teletrabajo para compatibilizar cuidados y vida laboral.
-
Licencias especiales ante diagnósticos prenatales graves o nacimiento de hijos con discapacidad.
-
Una licencia mínima de 30 días por fallecimiento de un hijo o hija, con posibilidad de duplicar ese plazo con percepción parcial de haberes.
En palabras de APTS, no se trata de un privilegio, sino de garantizar condiciones humanas mínimas para familias que atraviesan situaciones extremas. “No hay excusas económicas. La negativa es política”, señalaron con dureza desde la Comisión Directiva.
Este tipo de beneficios, que en otras jurisdicciones ya son norma, en San Luis sigue siendo un proyecto encajonado. El oficialismo provincial tiene en sus manos la posibilidad de aprobarlo sin demoras, pero el reloj corre y las familias esperan.
Mientras tanto, la memoria de Juanita Torre se transforma en bandera y reclamo. Su nombre está ahora ligado no solo a la lucha por el acceso a la energía para electrodependientes, sino también a una batalla por licencias laborales dignas que permitan cuidar y acompañar a hijos con discapacidad sin perder el sustento económico.
En un contexto de ajuste, inflación y recortes, postergar esta ley es un golpe directo a las familias más vulnerables. APTS exige que el Senado provincial deje de mirar hacia otro lado y apruebe la Ley Juanita Torre ahora. No hay más tiempo para dilaciones.