Por Natalia Ciliento 
Mientras el Ejecutivo provincial anuncia un 6% de aumento como muestra de equilibrio fiscal con justicia social, la Mesa Intersindical lo califica de “insuficiente y unilateral”. El conflicto salarial reaviva la pelea por paritarias y expone la crisis del poder adquisitivo estatal.
En medio de un contexto nacional atravesado por el ajuste brutal, la inflación sin freno y la caída sostenida del poder adquisitivo, el Gobierno de San Luis anunció un nuevo aumento del 6% para la administración pública. Pero lo que desde Terrazas del Portezuelo se presenta como un “esfuerzo fiscal significativo” para sostener salarios y políticas sociales, desde el otro lado de la mesa –los gremios estatales– es leído como una burla.
La Mesa Intersindical fue clara y directa: “Con este aumento no se compra ni dos kilos de carne”. El descontento es generalizado y la bronca va en aumento. Mientras el Ejecutivo provincial muestra números y acumulados del 31% en lo que va del año, los sindicatos advierten que esa cifra no alcanza a empatarle ni de cerca a la inflación acumulada, y mucho menos a la proyección de lo que queda del 2025.
Dos caras de una misma moneda
Según el Ministerio de Hacienda, el aumento del 6% –que se cobrará con el salario de julio– responde a una política de austeridad con orientación social. Desde ese enfoque, San Luis se diferencia del recorte generalizado que aplica el Gobierno nacional y sostiene medidas complementarias como la prórroga del Fondo Provincial Docente, la extensión del bono para beneficiarios del Plan de Inclusión Social y una administración “eficiente” de los recursos.
La narrativa oficial insiste: en un país donde se recorta, San Luis sostiene. En un mapa donde otros congelan, San Luis actualiza. Pero los gremios tienen otra lectura.
«No alcanza, no se discute, no se respeta»
Para los sindicatos, lo que falta no es solo dinero, sino diálogo. Acusan al Gobierno de manejar la política salarial con total unilateralidad, sin abrir canales formales de discusión. Reclaman una mesa técnica salarial y exigen que se trate en la Legislatura una ley de paritarias provincial.
“Necesitamos planificar una recomposición real. El básico en muchas áreas no llega a los $200.000. La línea de pobreza está en $1.100.000. No hay forma de que un 6% haga diferencia real en esos sueldos de miseria”, expresaron.
En especial, sectores como la carrera sanitaria, el Poder Judicial y áreas administrativas clave denuncian que el salario estatal se encuentra en niveles de indigencia. Por eso, la intersindical no se quedó en el comunicado: convocaron a una reunión abierta el 31 de julio a las 17:30 en el Correo Argentino, como parte del plan de lucha.
Entre la narrativa y la calle
El contraste no puede ser más evidente: mientras el Gobierno busca mostrarse como ejemplo de orden administrativo y sensibilidad social frente al ajuste nacional, en las calles y pasillos de los edificios públicos crece el malestar, el desgaste y la indignación.
El relato oficial insiste en que hay “austeridad con justicia”. Pero los trabajadores responden que sin paritarias, sin sueldos que superen la línea de pobreza y sin una hoja de ruta concreta para recuperar lo perdido, todo aumento suena a ajuste disfrazado.
El conflicto está lejos de cerrarse. Y mientras San Luis exhibe números para diferenciarse de Nación, los gremios estatales exigen algo más básico: que los escuchen.