Por Natalia Ciliento 
La causa ANDIS sumó este lunes un capítulo judicial de alto impacto político e institucional. El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, fue procesado por asociación ilícita, acusado de integrar un esquema de corrupción que operó dentro del organismo durante los primeros meses del Gobierno de Javier Milei.
La decisión fue adoptada por el juez federal Sebastián Casanello, quien también procesó a Daniel Garbellini, ex número dos de la ANDIS, junto a Miguel Calvete y Pablo Atchabahian, dos empresarios con estrechos vínculos con droguerías. El fallo alcanza en total a 19 personas, entre ex funcionarios, empleados del organismo y privados, con distintos grados de participación en la maniobra.
El procesamiento incluye embargos millonarios. El monto más elevado recayó sobre Spagnuolo, con más de 202 millones de pesos, una cifra que dimensiona la magnitud económica de la causa ANDIS y el daño investigado al Estado.
Según el fallo de Casanello, en los primeros meses del actual gobierno se instaló “un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad”. No se trató de hechos aislados ni de decisiones administrativas discutibles, sino de una estructura organizada.
Para el magistrado, la asociación ilícita estuvo integrada por operadores externos y funcionarios de máxima jerarquía que actuaron de manera coordinada. El objetivo, siempre según la resolución judicial, fue favorecer negocios privados ilícitos en detrimento del interés general.
La causa ANDIS describe un mecanismo sostenido de cobros de sobornos, fraude al Estado e incompatibilidades con el ejercicio de la función pública. La Agencia, creada para garantizar derechos y protección a personas con discapacidad, quedó convertida, en palabras del juez, en una “vía de enriquecimiento” para los miembros de la organización.
Además de Spagnuolo, el fallo alcanza a Daniel Garbellini, quien ocupaba un lugar central en la estructura de conducción de la ANDIS. A ellos se suman Miguel Calvete y Pablo Atchabahian, señalados como actores externos con fuerte influencia sobre el circuito de contrataciones y provisiones.
El juez procesó a 19 involucrados en total, imponiendo embargos de distintos montos según el grado de participación. La causa involucra tanto a funcionarios públicos como a empresarios privados, lo que refuerza la hipótesis de una red mixta, con intereses cruzados y beneficios compartidos.
En este punto, la resolución subraya que casi todos los imputados intervinieron con roles diferenciados, pero funcionales al mismo esquema. No fue improvisación. Fue organización.
Uno de los pasajes más duros del fallo sostiene que la Agencia Nacional de Discapacidad fue utilizada como plataforma para negocios ilegales. “En claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación”, señala Casanello, la protección de personas en situación de discapacidad quedó relegada frente a intereses económicos.
Ese señalamiento no es solo jurídico. Tiene una carga política fuerte. La causa ANDIS expone cómo un organismo sensible terminó atravesado por prácticas que el juez califica como corrupción institucional.
El fallo remarca que el accionar del grupo no solo afectó recursos públicos, sino que desnaturalizó la función del Estado en un área crítica, donde cada decisión impacta directamente en la calidad de vida de personas vulnerables.
Lejos de cerrar el caso, Casanello dejó abierta la puerta a una ampliación de la investigación. En su resolución advierte que el esquema delictivo “pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados”.
Según el juez, existen indicios de que la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios podría haberse extendido a otras áreas de la propia ANDIS. La frase no es menor. Sugiere que el circuito investigado podría ser solo una parte de una trama más amplia.
El fallo agrega que la extensión de los negocios, la magnitud de las cifras involucradas y el “desenfado” con el que se ignoraron quejas internas y reclamos de empresarios desplazados permiten inferir que no se trató de un esquema encapsulado. El magistrado habla, incluso, de posibles “otros niveles de complicidades”.
La causa ANDIS golpea de lleno en un organismo clave y en una gestión que aún transita su primer año completo. El procesamiento de un ex titular por asociación ilícita coloca el foco sobre los controles internos, las designaciones y el funcionamiento real del Estado en áreas sensibles.
El expediente recién entra en una etapa decisiva. Los procesamientos, los embargos y la eventual profundización de la investigación marcan un escenario judicial abierto, con derivaciones políticas inevitables.
Mientras tanto, la pregunta de fondo sigue sin respuesta: cómo fue posible que una agencia creada para garantizar derechos se convirtiera, según la Justicia, en una estructura al servicio de negocios ilegales. La causa ANDIS empieza a responderlo. Pero todavía no terminó de contar toda la historia.
Hector Acosta 
Redacción