Por Natalia Ciliento 
El acusado enfrenta cargos por defraudación y estafas en una trama de intercambios y retenciones de vehículos ocurrida entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 en San Luis.
San Luis vuelve a estar en la mira por un caso judicial que mezcla vehículos, maniobras dudosas y denuncias cruzadas. Óscar Sebastián Garay fue imputado este lunes por los delitos de defraudación y estafa, en el marco de una investigación que expone una secuencia de operaciones sospechosas ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. La audiencia se desarrolló en el Juzgado de Garantía Nº 3, con la jueza Natalia Lazarte Otero a cargo, la fiscal Linda Maluf representando a la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 6, y la defensora oficial Stefanía Cifuentes de la Defensoría en lo Penal Nº 3. Mientras dure la investigación, Garay deberá presentarse periódicamente a firmar un libro en fiscalía y no podrá salir del país durante 60 días.
La trama comenzó el 15 de diciembre de 2022, cuando Garay retiró un Renault Logan propiedad de una familiar, supuestamente para llevarlo a reparar. Nunca lo devolvió. Según la fiscalía, ese vehículo terminó, junto con dinero, en un taller de chapa y pintura, entregado a cambio de un Volkswagen Bora. Garay habría dicho que el Logan era suyo, que no tenía la documentación porque el vendedor estaba en Chile y que entregaría el formulario 08 y el título días después.
La historia tomó un giro cuando la verdadera dueña del Logan apareció en el taller reclamando el auto. El comprador se negó a devolverlo y aseguró que denunciaría una estafa.
A fines de enero de 2023, Garay llevó el Volkswagen Bora a otro taller mecánico. Allí lo ofreció a cambio de un Volkswagen Golf Country modelo 2000. Según la fiscalía, indicó que solo tenía un boleto de compraventa y que viajaría a Buena Esperanza para que el titular firmara el formulario 08. Tras concretar el intercambio, el mecánico intentó transferir el Bora y descubrió que tenía pedido de secuestro por una denuncia de su verdadero dueño.
En febrero de 2023, el Volkswagen Golf Country fue canjeado por un Suzuki Fun que incluía un equipo de audio valuado en unos 300 mil pesos. Esta operación fue verbal, sin boleto de compraventa. Garay entregó la tarjeta verde y un formulario 08, mientras que el dueño del Suzuki presentó copia de título digital y tarjeta verde a su nombre.
El 15 de marzo de 2023, el Golf fue secuestrado por pedido de la Unidad de Abordaje Fiscal, tras la denuncia de su propietario. Garay devolvió el Suzuki, pero sin el equipo de audio. La historia no terminó ahí: en junio de 2023, el Departamento de Investigaciones secuestró el Suzuki Fun al determinar que también estaba vinculado a las maniobras denunciadas.
La fiscalía imputó a Garay por defraudación en perjuicio de una mujer y estafas en perjuicio de dos hombres, todo en concurso real. La jueza aceptó la formulación de cargos y fijó medidas restrictivas: Garay deberá firmar en fiscalía entre el 1 y el 10 de cada mes, y no podrá salir del país por 60 días, salvo autorización judicial.
La defensa no se opuso a las medidas, pero dejó asentada la reserva de interponer excepciones previstas por la ley procesal. Este caso expone no solo una presunta cadena de estafas, sino también un esquema de intercambios irregulares que deja varios damnificados y vehículos retenidos o secuestrados. Ahora, el avance de la investigación definirá si las pruebas consolidan las acusaciones o si la defensa logra derribar la imputación. Lo cierto es que San Luis sigue sumando capítulos judiciales donde la picaresca y el abuso de confianza se mezclan con maniobras que golpean la credibilidad en el comercio de vehículos usados.
Hector Acosta