Por Redacción 
El conflicto por la expropiación de YPF entra hoy en una fase clave.
La jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, decidirá si acepta el pedido del Estado argentino de suspender la entrega del 51% de las acciones de la petrolera a los fondos litigantes Burford y Eton Park, mientras se tramita la apelación ante la Cámara del Segundo Circuito.
El reclamo judicial responde a la demanda por la expropiación de YPF en 2012, cuando el gobierno de Cristina Kirchner nacionalizó la participación de Repsol, pero sin extender las condiciones a otros accionistas minoritarios. Ese fue el punto de partida para que los fondos buitre, encabezados por Burford Capital, compraran los derechos de litigar del grupo Petersen, y comenzaran un juicio multimillonario.
¿Qué se decide hoy?
La jueza Preska ya falló en septiembre de 2023 contra la Argentina y, en junio de 2025, ordenó la entrega del 51% de las acciones estatales de YPF. Sin embargo, el Gobierno apeló la sentencia y pidió un “stay”: una medida que suspendería la entrega mientras se resuelve el recurso en la Cámara.
Hoy es el día clave: Preska debe definir si acepta el pedido argentino y frena la cesión hasta que haya una resolución definitiva. Si lo rechaza, Argentina deberá entregar las acciones de forma inmediata, lo que podría implicar un punto de no retorno en la pérdida de control estatal sobre la petrolera.
¿Qué argumenta el Gobierno?
La defensa argentina sostiene que forzar la entrega de acciones viola la Ley de Inmunidad Soberana (FSIA), y que la sentencia constituye un ejercicio ilegal de jurisdicción extranjera sobre bienes estratégicos del Estado.
Además, alerta que la entrega representaría un “daño irreparable”, ya que los fondos podrían vender las acciones rápidamente, incluso si luego la Argentina gana la apelación. En otras palabras, sería imposible recuperar el control perdido.
También subraya que la Ley de Expropiación de 2012 exige una mayoría especial en el Congreso para cualquier cesión de participación estatal en YPF. Es decir, cumplir la orden de Preska implicaría violar la legislación nacional.
Presión política y económica
El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, siguieron de cerca el expediente. En las últimas semanas, coordinaron con la Procuración del Tesoro la estrategia judicial, con el objetivo de ganar tiempo y evitar una entrega inmediata.
El Ministerio de Economía también advirtió sobre el impacto fiscal de perder un activo estratégico en medio del ajuste y las negociaciones por la deuda externa. La cesión de acciones de YPF podría debilitar el acceso a financiamiento y elevar el riesgo país.
El rol del mercado
En el mercado financiero, la causa se monitorea minuto a minuto. Consultoras, bancos y fondos evalúan cómo puede impactar el resultado en el valor de las acciones de YPF, el dólar y la confianza de los inversores en la estabilidad institucional de la Argentina.
Un fallo favorable, que frene la cesión de acciones, daría alivio inmediato. Un rechazo, en cambio, abriría la puerta a medidas de embargo o ejecución forzosa, lo que puede agravar la tensión económica y política.
¿YPF está involucrada?
Formalmente, YPF no es parte del juicio en esta instancia. La propia jueza Preska retiró a la compañía del expediente. El presidente de la petrolera, Horacio Marín, aclaró que la empresa no participa en la estrategia judicial, que está completamente en manos del Gobierno.
Origen del conflicto
El juicio se inició tras la decisión de 2012 de nacionalizar YPF sin compensar a todos los accionistas. Aunque el Estado firmó un acuerdo con Repsol, el grupo Petersen —antiguo accionista— no fue indemnizado. Burford Capital compró su derecho a litigar, y llevó el caso a tribunales estadounidenses.
Desde entonces, el Gobierno argentino ha intentado anular, reducir o demorar el cumplimiento de la sentencia. Hoy, esa pelea llega a un punto decisivo.
¿Qué puede pasar?
Si Preska concede el “stay”, el país gana tiempo. Si no, el control estatal sobre YPF quedaría comprometido en el corto plazo. En ambos escenarios, la batalla legal continuará, posiblemente hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.
Mientras tanto, la soberanía energética de Argentina se juega en un tribunal a miles de kilómetros.
Hector Acosta