Por Hector Acosta 
El Gobierno anunció el cierre de 60 sucursales del Banco Nación como parte de su plan de ajuste. Prometen ahorro millonario, menos oficinas y más eficiencia, pero surgen dudas sobre el impacto real en el acceso al sistema financiero.
Un nuevo capítulo de recorte estatal
El Banco Nación anunció el cierre de 60 sucursales en todo el país, en el marco de su Plan Estratégico 2024-2027, alineado con la política de ajuste del gobierno de Javier Milei. Según cifras oficiales, la medida generará un ahorro proyectado superior a los $1.000 millones, principalmente en gastos de alquiler y estructura.
La entidad dirigida por Daniel Tillard redujo de 769 a 709 sus puntos de atención y eliminó 4 gerencias zonales, bajo el argumento de lograr una redistribución más eficiente y “equitativa” en base a los datos económicos del INDEC. Además, se reconfigurarán 45 centros de atención PyME, que ahora funcionarán con asesores itinerantes.
¿Ajuste estratégico o vaciamiento silencioso?
Desde el oficialismo celebran el achicamiento como una muestra de “eficiencia”, pero diversos sectores alertan por la pérdida de presencia territorial del banco público más importante del país, especialmente en regiones donde es la única vía de acceso al crédito o al cobro de beneficios estatales.
El recorte, presentado como una modernización, deja fuera de foco a miles de usuarios que dependen de la atención presencial, muchos de ellos adultos mayores, pequeños productores y emprendedores del interior profundo.
Una lectura política del cierre de sucursales
El anuncio se inscribe en la narrativa de La Libertad Avanza, que promueve un Estado mínimo, con fuerte sesgo tecnocrático y una mirada empresarial sobre lo público. La transformación del Banco Nación en una eventual sociedad anónima ya no parece un rumor: es parte del plan.
En este escenario, el cierre de sucursales no es sólo una medida administrativa. Es un símbolo. El Gobierno pone en práctica una lógica donde los números valen más que los vínculos territoriales, y donde la cercanía con la ciudadanía es sacrificada en el altar de la macroeconomía.
¿Quién gana y quién pierde?
Aunque los informes oficiales destacan el ahorro y la competitividad, queda pendiente una evaluación real del impacto social. ¿Quién atenderá en los pueblos donde se bajó la persiana? ¿Qué pasa con el acceso a créditos productivos o con las filas de jubilados sin conexión digital?
La motosierra no sólo recorta estructuras: también debilita la función social del Estado. Y en ese camino, el Banco Nación parece cambiar su misión histórica por una hoja de cálculo.
Redacción