Por Redacción 
Un grupo de concejales opositores pidió explicaciones al Municipio por la intervención de la planta de reciclaje, el retiro de la cooperativa que la gestionaba y el uso de fondos nacionales.
La situación de la planta de reciclado en la Villa de Merlo volvió al centro del debate político. Un grupo de concejales de la oposición presentó un proyecto de decreto que exige al Ejecutivo municipal información precisa sobre la intervención directa en el predio, el retiro de la Cooperativa de Recuperadores Urbanos que operaba el lugar, y el destino de los fondos públicos vinculados al programa nacional Argentina Recicla.
La iniciativa lleva las firmas de Gastón Fonseca (Fuerza Renovadora), Ana Laura Ferrarotti y Virginia Morales (Interbloque Unión por Merlo), y Daniel Orué (Socialismo Merlino). Según sostienen, hasta el momento no se ha recibido documentación oficial que respalde las decisiones del Ejecutivo ni que justifique la salida de la cooperativa.
Reclamos puntuales al Municipio
El proyecto de decreto solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que, en un plazo de siete días hábiles, remita al Concejo Deliberante la siguiente información:
Copia del convenio firmado entre el Municipio y la Cooperativa de Recuperadores Urbanos.
Detalle de fondos nacionales recibidos a través del programa Argentina Recicla y su ejecución.
Desglose de partidas municipales asignadas a la planta de reciclaje, pagos efectuados y balances.
Documentación patrimonial sobre el inmueble: dominio, contratos de alquiler, pagos y situación legal.
Informes judiciales o administrativos relacionados con la planta.
La planta como “servicio esencial”
En el texto, los concejales recordaron que está vigente la Ordenanza VI-1056-CD-2022, que declara a los recuperadores urbanos como un servicio esencial y obliga al Ejecutivo a garantizar el financiamiento de sus tareas. También exige publicar información pública y accesible sobre la gestión de residuos, algo que —según los autores del proyecto— no se está cumpliendo.
Acusan falta de transparencia
Los ediles cuestionaron que el Ejecutivo haya justificado la intervención por “pérdidas económicas” y “falta de transparencia”, sin aportar pruebas ni notificar al Concejo. “Es imprescindible acceder a convenios, montos y decisiones tomadas”, señalaron en el proyecto.
Control legislativo en juego
Por último, el texto advierte que, de no cumplir con el pedido, el Ejecutivo podría estar obstaculizando una de las funciones centrales del Concejo Deliberante, establecida por la Ley Orgánica Municipal: la fiscalización y control de los actos del gobierno local.
El proyecto ya fue ingresado formalmente y será debatido en las próximas sesiones de comisión.
Natalia Ciliento