La coparticipación federal cayó 8% en febrero en San Luis, según informó la Dirección de Finanzas y Recursos del Gobierno provincial. La baja interanual, medida en términos reales respecto del mismo mes de 2025, confirma la continuidad de una tendencia descendente que ya se había registrado durante gran parte del año pasado.

El dato no es aislado. En enero, las transferencias automáticas nacionales habían mostrado una disminución del 7% interanual en términos reales. Los números surgen de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, que monitorea la evolución de los envíos a las jurisdicciones.

De este modo, el acumulado del primer bimestre de 2026 refleja una caída del 7,8% interanual en términos reales frente al mismo período de 2025. Es decir, la retracción no solo persiste sino que consolida un escenario de menores recursos disponibles para la administración provincial.

La directora de Finanzas y Recursos, Eugenia Sosa Herrena, explicó el contexto en el que se produce esta merma. “Esta tendencia a la baja en la percepción de recursos nacionales se viene profundizando, dado que debemos considerar que 2024 ya presentaba índices de recaudación muy por debajo de lo normal, y a partir de allí, esa base escasa, siguió bajando todavía más. Cayó en 2025 y volvió a caer aun más en 2026”, señaló.

La funcionaria agregó que el escenario obliga a reforzar criterios de administración prudente. “Esto nos exige sostener el principio de austeridad en el gasto y profundizar un exhaustivo control de los recursos, a fin de preservar el equilibrio fiscal alcanzado”, afirmó.

En términos estructurales, la coparticipación federal constituye una de las principales fuentes de financiamiento para las provincias. Se compone de impuestos nacionales cuya recaudación se distribuye automáticamente según los coeficientes establecidos por ley. Por lo tanto, cualquier variación en la actividad económica, en la recaudación o en la estructura tributaria impacta de manera directa en las finanzas locales.

La caída en términos reales implica que, descontando el efecto de la inflación, los recursos efectivamente disponibles son menores. Esto condiciona la planificación presupuestaria, la ejecución de obras públicas, el sostenimiento de programas sociales y el funcionamiento general del Estado provincial.

Sin embargo, desde el área económica remarcan que el objetivo es mantener el equilibrio fiscal. En un contexto nacional de ajustes y redefiniciones presupuestarias, las provincias enfrentan el desafío de sostener servicios esenciales con ingresos más acotados. La respuesta oficial apunta a la eficiencia en el gasto y al control interno como herramientas para atravesar el período.

El comportamiento de la coparticipación durante los próximos meses será clave para evaluar si la tendencia se estabiliza o continúa profundizándose. Mientras tanto, los números del primer bimestre marcan un punto de atención para la administración provincial y para el conjunto del sistema federal.

La evolución de los recursos no es solo un dato técnico. Tiene impacto concreto en la gestión y, en última instancia, en la vida cotidiana de los ciudadanos. El equilibrio entre ingresos y gastos vuelve a colocarse en el centro del debate fiscal.

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