Por Natalia Ciliento 
La Cámara de Diputados aprobó la baja de la imputabilidad de 16 a 14 años con 149 votos afirmativos y 100 negativos. El oficialismo logró articular una mayoría amplia y ahora el proyecto será debatido en el Senado.
La baja de la imputabilidad de 16 a 14 años obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados tras una sesión atravesada por discursos encendidos y posiciones ideológicas marcadas. Con 149 votos a favor y 100 en contra, el oficialismo consiguió aprobar el nuevo Régimen Penal Juvenil y trasladó la discusión al Senado.
El proyecto fue respaldado por La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo e Independencia. En cambio, votaron en contra Unión por la Patria, la izquierda, Elijo Catamarca y Defendamos Córdoba.
El resultado expone una mayoría legislativa que, en temas vinculados a seguridad, logra consolidarse más allá del núcleo libertario. La articulación incluyó a bloques provinciales y sectores del radicalismo y del macrismo que vienen acompañando la agenda penal impulsada por el Ejecutivo.
Uno de los datos llamativos fue la posición del Frente Renovador. Sus diputados se manifestaron a favor de bajar la edad de imputabilidad, pero terminaron votando en contra del proyecto en general. Ramiro Gutiérrez, uno de sus referentes, aclaró que acompañó en la discusión en particular. Una señal de matices internos en un debate sensible.
Qué establece la baja de la imputabilidad de 16 a 14 años
La iniciativa propone reemplazar el régimen vigente —de origen dictatorial— por un nuevo sistema penal juvenil. Si el Senado la convierte en ley, la edad de imputabilidad se reducirá de 16 a 14 años, habilitando que adolescentes de esa franja puedan ser juzgados por delitos.
El texto contempla un régimen especial con sanciones diferenciadas. Para delitos con penas menores a tres años, se descarta la prisión. En casos con penas de entre tres y diez años, siempre que no hayan provocado muerte o lesiones graves, se priorizan medidas socioeducativas y alternativas a la privación de libertad.
Para delitos graves, el proyecto prevé penas que pueden llegar hasta los 15 años de prisión. No se aplicará la prisión perpetua y se establece que los menores deberán cumplir condena en establecimientos separados de los adultos.
El oficialismo defendió la reforma con el argumento de modernizar el sistema y dotarlo de herramientas que hoy, según sostienen, no existen. Laura Rodríguez Machado, presidenta de la comisión de Legislación Penal, remarcó que la intención no es “amontonar menores privados de la libertad”, sino avanzar en procesos de resocialización.
Desde la oposición, el eje fue otro. Victoria Tolosa Paz cuestionó lo que definió como una “campaña de marketing” en torno a la consigna “delito de adulto, pena de adulto”. Myriam Bregman, por su parte, advirtió que la reforma podría ampliar las facultades policiales y profundizar la criminalización de jóvenes de sectores vulnerables.
El debate también incluyó una discusión sobre el financiamiento del nuevo sistema. Maximiliano Ferraro propuso un mecanismo directo de asignación de recursos, pero el oficialismo insistió en la firma de convenios entre Nación y provincias. Allí se cruzan dos preocupaciones: la implementación real y el impacto presupuestario.
Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO, introdujo una dosis de realismo político: “Con esta ley no significa que mañana vamos a terminar con la delincuencia”. Reconoció que modificar la edad en el Código Penal no resuelve por sí solo el problema del delito juvenil, aunque consideró que es una herramienta necesaria.
Ahora el expediente pasa al Senado, donde podría tratarse el 26 de febrero, según fuentes parlamentarias. Si obtiene sanción definitiva, será la primera vez desde el retorno de la democracia que el Congreso reduce la edad de imputabilidad.
El debate, lejos de cerrarse, recién comienza. En juego no solo está un número en el Código Penal, sino la definición de cómo el Estado responde frente al delito juvenil: con un enfoque punitivo, preventivo o una combinación de ambos.
La Cámara baja ya tomó posición. El Senado tendrá la palabra final.
Hector Acosta